Como debe de actuarse en la formulacion de Alegatos en delitos de TID

Del delito y su configuración.

En primer lugar comenzaremos analizando la naturaleza jurídica de este ilícito penal, donde al ser un delito de peligro que no requiere para su configuración, la afectación efectiva y material del bien jurídico protegido como es la salud pública, ni tampoco que se ejecuten materialmente los actos de comercialización de drogas tóxicas, sino que tan solo basta con que se compruebe la posesión de las mismas con esta finalidad, atendiendo a que nos encontramos también ante un tipo penal de tendencia interna trascedente “mutilado de dos actos”, el cual queda consumado cuando se produce el primer resultado típico.

Es decir, se comprueba la posesión con fines de tráfico comercial, no siendo necesario que el agente consiga realizar su específica tendencia trascedente[1], es decir, la comercialización con las sustancias que porta[2].

A esto señalamos, que la enervación de la presunción de inocencia que atiende a toda persona procesada por un delito requiere que conjuntamente a la sindicación incriminatoria efectuada en contra de esta, se observe la concurrencia de elementos de pruebas idóneas, pertinentes, coherentes y útiles[3].

Sobre este punto existe la necesidad imperante de la presentación predilecta para la distribución al menudeo de drogas, conforme lo refieren fuentes de información autorizadas, como DEVIDA y la UNODC[4], respecto a la subcultura de las adicciones que aquejan a nuestra sociedad.

Entre los argumentos para enervar la presunción de inocencia señalando la ubicación exacta del lugar donde se produjo la intervención y puede o no ser un lugar catalogado como un punto crítico de expendio de drogas al menudeo en la capital, esto según los datos que maneja la agencia CEDRO[5] y el contenido del Dictamen Fiscal acusatorio.

Sobre la flagrancia delictiva, en los argumentos se puede emplear los lineamientos de inmediatez personal y temporal delineados en reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional[6], donde se encuentra la flagrancia como un argumento que vulnera  la presunción de inocencia.

Los argumentos de defensa infundados proferidos mediante los cuales este pretenden evadir su responsabilidad penal distorsionando los hechos según lo que cree que conviene a su defensa, conforme el sistema de derecho que se practica en nuestra República se lo permite, por lo que al referirnos al fragmento de la Ejecutoría Suprema del 12 de julio de 1996, en el Expediente N° 791-96-Lima, hallada en el libro “Derecho Procesal Penal – Volumen I” de SAN MARTIN CASTRO[7], a efectos de reforzar lo afirmado en este punto: “Es derecho del imputado mantener silencio sobre los hechos impugnados y aún distorsionarlos si conviene a su defensa (…)” – El resaltado en negritas es nuestro.

Conforme a la posición doctrinal del penalista italiano GIOVAN BATTISTA DE MAURO[8], quien al tratar en sus estudios lo referente a la declaración del imputado en el proceso penal refiere que: “Un imputado que durante el interrogatorio, se contraiga continuamente, o se apoye en circunstancias absolutamente inconciliables con las pruebas del proceso, favorece más a la acusación que a la propia defensa (…)”[9].

 

En este orden de ideas, respecto a la constante negativa esgrimida por el procesado respecto a los ilícitos penales cuya comisión se le imputa, es pertinente referir que estas explicaciones por demás inverosímiles deben ser asimiladas por el juzgador teniendo en cuenta el sentido jurídico de las mismas, señalando que esta figura de constante evasión y distorsión de la verdad pertinente a la dilucidación del presente caso, puede ser subsumida e interpretada como el llamado indicio de la mala justificación, según la clasificación de los indicios elaborada por FRANCOIS GORPHE[10], quien define y describe el referido indicio como: “Constituye indicios de mala justificación la explicación falsa, las contradicciones en que incurra el procesado y las explicaciones inverosímiles que suministre. La falsedad de la explicación puede ser respecto del todo (…) puede referirse solo a una circunstancia relacionada con el hecho punible (…)”

Debe de considerarse que la posesión de la sustancia ilícita no solo implica la sola tenencia de la misma, sino que debe de existir una negociación de la droga siendo este un elemento teleológico, por lo que: “(…) la posesión (…) debe ser entendida como tenencia de la droga con fines de tráfico; es decir, el sujeto que posee la droga debe tener la finalidad de poner la droga en el mercado para su venta y posterior consumo. La sola tenencia no es punible, máxime si la finalidad inmediata es consumir la droga de  autogestionarse una sustancia para su propia ingesta[11], asimismo cabe precisar que, “(…) la comercialización implica negociar con dinero, comprando, vendiendo, efectuando transacciones económicas a menor escala, implica por ende su posesión, que debe ser entendida como tenencia de la droga con fines de tráfico (…)”[12].

[1] VILLAVICENCIA TERREROS, Felipe. “Derecho penal. Parte general”. Editorial GRIJLEY. Lima 2009. Pág. 375.

[2] Misma que configura otro tipo de ilícito penal, conforme a lo tipificado en el primer párrafo del artículo 296 del Código penal, en el que se sanciona la facilitación de drogas para el consumo mediante actos de tráfico.

[3] Conforme se puede extrapolar del pronunciamiento jurisdiccional contenido en el tercer fundamento de la Ejecutoria dictada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en la R.N. N° 287-2005, en la cual, se afirma que prevalece el instituto procesal mencionado debido a que de autos (en un caso de homicidio) “no existen otros elementos de pruebas idóneas, pertinentes, coherentes y útiles (…)”además de la manifestación a nivel policial efectuada por la conviviente del agraviado.

[4]Conforme a los datos obtenidos de la publicación “Pasta Básica de CocaínaCuatro décadas de historia,actualidad y desafíos”, elaborada por la UNODC y DEVIDA en abril de 2013, pág. 54 y 55, disponible en el portal web:

http://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2013/LIBRO_PBC.pdf

[5] Conforme a la publicación de la agencia CEDRO “El problema de las drogas en el Perú 2013”, en la sección PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA Y CONSUMO DE DROGAS COCAÍNICAS EN LIMA Y CALLAO, página 194. Publicación impresa en Junio de 2013, ubicada en el portal web:

http://www.bvcedro.org.pe/bitstream/123456789/175/1/2001-DR-CEDRO.pdf

[6] Segundo párrafo del fundamento 2 en la Sentencia del 28 de marzo de 2011, dictada en el EXP. N.° 00354-2011-PHC/TC.

[7] SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal – Vol. I. Editorial GRIJLEY. 2° edición. Lima 2006. Pág. 543.

[8]DE MAURO, Manuale di dirittoprocessualepenale 3° ed; Roma, JandiSapi, 1959, p.283, nota 2.

[9]El resaltado en negritas es nuestro.

[10] Citado por TIBERIO QUINTERO OSPINA en el artículo “La prueba en materia penal”, Editorial Leyer, Bogotá 1997, p. 13 y ss.

[11]PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. Cit. p. 110-120.

[12]PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. Cit. p. 120.

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