Comite Permanente de Naciones Unidas

COMITÉ PERMANENTE DE CONSULTA

 

  1. ESCENARIO MUNDIAL

 

Desde la década de los noventa, el mundo occidental está inmerso en un proceso de profundos cambios, que afectan los órdenes económico, social, cultural y político, situación que permite hablar de una nueva etapa en la vida y estructuración del sistema internacional, pero también de un cambio que se extiende en breve lapso a todo el orbe y que afecta colectividades e individuos.

Este es el proceso al cual unos denominan globalización y otros mundialización. El nuevo fenómeno, inicialmente tecnológico en el campo de las comunicaciones, generó cambios sustanciales en lo que se refiere a los procesos económico-financieros, productivos, culturales nuevas identidades y reforzamiento defensivo de las antiguas-, organizacionales y, en la propia subsistencia de las formas autónomas de administración de las sociedades, es decir el paradigma del Estado-Nación.

Este fenómeno integral de cambio, solo tiene comparación con los ocurridos en el pasaje de la edad media a la moderna, lapso en el que las transformaciones en ciencia, tecnología, producción, orden económico y, en general, societal, dieron paso a nuevas organizaciones sociopolíticas, como el llamado Estado-Nación y a una nueva conciencia individual, la llamada mentalidad moderna, laica, individualista, y racional experiencial.

A lo largo de ese proceso, denominado surgimiento del mundo occidental, este se expandió espacialmente a todo el planeta a partir del siglo XVI y, económicamente, integró a las diversas sociedades más allá de la europea, con una dinámica que absorbió todos los procesos productivos locales, concentrándolos en uno, unificando formas de organización social y política dentro de un paradigma central que, en lo colectivo, es el del Estado-Nación y, en lo individual, el del hombre libre y moderno, cuyos valores se concentraron en el lema: libertad, igualdad y fraternidad, que constituye hasta hoy la base de la valoración social e individual en Occidente y que se traduce en los derechos humanos y en las definiciones constitucionales del Estado moderno en sus diversas variantes .

 

 

  1. DE LA NOCION DE LA DEFENSA NACIONAL

La política internacional de defensa se basa en un modelo defensivo autónomo-cooperativo que procura por un lado alcanzar las capacidades adecuadas para la legítima defensa, al mismo tiempo que busca contribuir mediante la cooperación bilateral y multilateral a un escenario regional y en lo posible global donde la confianza mutua y la transparencia fomenten una mejor protección de los intereses nacionales y un ambiente de libertad, paz y justicia, fortaleciendo así las instituciones y el derecho internacional.

– Procura la Proyección de los valores, principios y lineamientos centrales de la Política de Defensa Nacional;

– Establece Prioridades en cuanto a áreas geográficas (comenzando por Suramérica y Latinoamérica así como fortaleciendo los vínculos con países extra-regionales claves, reflejando la política exterior multilateral de la República Argentina)  y ejes temáticos de la cooperación: mantenimiento de la paz, educación e instrucción militar, capacitación de civiles para la defensa, investigación, desarrollo y producción para la defensa, desarrollo de capacidades técnico – militares, actividades antárticas, Derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y cuestiones de género, apoyo logístico, catástrofes y desastres naturales.

– Promueve una Presencia internacional a través de diferentes modalidades que incluyen: el sistema de agregadurías y representaciones en organismos internacionales multilaterales, misiones de cooperación de defensa y militares, intercambios de formación técnico-militar y contingentes, observadores e instructores en operaciones de paz.

  • DE LA POLITICA INTERNACIONAL DE DEFENSA

La política internacional de defensa de un país constituye la proyección de los valores y objetivos de su política nacional de defensa, y es complementaria y concordante con los lineamientos de la política exterior. El modelo argentino plantea un esquema defensivo autónomo-cooperativo, que procura por un lado alcanzar las capacidades adecuadas para la legítima defensa, al mismo tiempo que busca construir mediante la cooperación bilateral y multilateral un escenario regional y en lo posible global donde la confianza mutua y la transparencia fomenten una mejor protección de los intereses nacionales y un ambiente de libertad, paz y justicia, fortaleciendo así las instituciones y el derecho internacional.

  • DE LAS PRIORIDADES REGIONALES

En el marco de los lineamientos y objetivos que orientan a la dimensión internacional de la Defensa, las prioridades relativas a los espacios de acción pueden ser ilustradas por un esquema de círculos concéntricos que van desde lo subregional hacia lo global.

En este contexto, Suramérica representa el espacio prioritario para la presencia institucional y las acciones de cooperación y complementación en materia de defensa, seguido sucesivamente del espacio Latinoamericano en general, el continente americano y luego las regiones y actores relevantes a nuestros intereses en el resto del mundo.

En este sentido, en los últimos cinco años se han suscripto acuerdos e intensificado las acciones de intercambio y cooperación en Defensa con Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Uruguay y Venezuela, así como con México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

  • DE LOS ACUERDOS Y MECANISMOS INTERNACIONALES Y BILATERALES EN LA REGION

El Perú ha sido un protagonista activo y comprometido con los procesos dirigidos a la constitución de mecanismos multilaterales de diálogo, cooperación y concertación regional en defensa y seguridad internacional, avalando con hechos el status de ámbito prioritario que detenta el espacio regional de Sudamérica.

El proceso de reforma y modernización se ve reflejado en el esquema institucional de nuestras relaciones internacionales de Defensa. Antes, predominaban los acuerdos internacionales interfuerzas, los cuales establecían sus lineamientos y objetivos específicos, contando eventualmente con el endoso ministerial. Esta situación no sólo soslayaba un esquema de lineamientos y objetivos integrales de la política de defensa, representativos del interés nacional, sino que también consolidaba el diseño de funcionamiento de las fuerzas en cuasi-compartimentos estancos. En la actualidad, esto se ha modificado.

Los acuerdos bilaterales con países de la región establecen la creación de mecanismos institucionales permanentes de cooperación y coordinación bilateral, al tiempo que abarcan temáticas diversas, como las relativas a la cooperación académica, científica, tecnológica, industrial y comercial, al fortalecimiento institucional en materia de defensa y seguridad internacional o a la constitución de fuerzas de paz binacionales o compañías combinadas especializadas.

  1. LA DEFENSA NACIONAL EN EL AMBITO INTERNACIONAL

 

Los objetivos que orientan a la dimensión internacional de la Defensa Nacional en el ámbito extra regional, se focalizan en la contribución a la extensión y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional principalmente a través de dos vías:

Una de carácter bilateral con políticas de afianzamiento de la cooperación en defensa y militar con naciones amigas y la participación en foros y el aporte a las acciones multilaterales de paz materializadas por las operaciones de paz de las Naciones Unidas.

En este sentido, el Perú ha suscrito numerosos acuerdos y mecanismos de cooperación y colaboración en defensa con diversas naciones no latinoamericanas, estos instrumentos, firmados, entre otros, con Alemania, Bélgica, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Marruecos, Rusia y Ucrania, contienen los ejes de cooperación de los que se derivan proyectos específicos de interés mutuo.

Además, en función de consolidar la presencia, vínculos y cooperación con nuevos países, nuestro país actualizó el despliegue de las agregadurías de defensa y agregadurías militares en el exterior, creando nuevas dependencias –como las de Australia, Corea del Sur, India y Japón además de modificar algunas extensiones y/o representaciones a efectos de extender y maximizar la presencia y puntos de contacto de la jurisdicción.

  1. EL ROL DE LAS NACIONES UNIDAS

Las Naciones Unidas desempeñan una función importante en la tarea de neutralizar y reducir las crisis internacionales y solucionar los conflictos, llevando a cabo complejas operaciones de establecimiento y mantenimiento de la paz y de asistencia humanitaria. Asimismo, en situaciones de post conflicto adoptan medidas coordinadas para hacer frente a las causas fundamentales de la guerra y sentar las bases de una paz duradera.

Estas acciones constituyen el eje de la actividad de la ONU en su más importante cometido: salvaguardar la paz y seguridad internacionales.

Inicialmente, las operaciones de mantenimiento de la paz no estaban previstas entre las acciones para asegurar la paz y seguridad internacionales, pero paulatinamente se han ido imponiendo según lo demandaba la realidad, y se han convertido en el mecanismo ideal para conseguirlo.

La Carta de las Naciones Unidas constituye el marco jurídico en que se sustenta la estructura de la seguridad internacional. De acuerdo con ella, la ONU, para concretar su gestión en pro de la paz y la seguridad mundial, emplea una serie de instrumentos conocidos como Operaciones de Paz, que guardan relación directa con el tipo de conflicto; dichas operaciones son:

Las operaciones de Mantenimiento de la Paz incluyen las siguientes funciones:

  • Diplomacia Preventiva;
  • Establecimiento de la Paz;
  • Mantenimiento de la Paz;
  • Imposición de la Paz;
  • Construcción o Consolidación de la Paz; y
  • Ayuda Humanitaria.
  • Control del cese del fuego;
  • Separación de fuerzas beligerantes;
  • Establecimiento de zonas de seguridad;
  • Elaboración y aplicación de programas de remoción de minas;
  • Destrucción de armas;

Del Comite de Seguridad de Defensa de Naciones Unidas

COMITÉ DE SEGURIDAD Y DEFENSA DEL LIBRO BLANCO DEL PERU

 

  1. PRELIMINARES

El Perú en tanto es parte de la comunidad internacional, se encarga de formula lineamientos de política exterior del Estado que le permiten orientar su presencia y participación en la Región y en los grupos internaciones como son la CAN, la OEA, la UE y demás grupos.

Este conjunto de lineamientos abarcan todos los ámbitos de las relaciones internacionales, incluyendo al Sector Defensa; y tienen niveles de interrelación que llegan hasta las Instituciones Armadas.

La labor de las Instituciones Armadas en el ámbito regional y mundial, se manifiesta en la contribución con la Seguridad y Defensa, brindando una imagen de profesionalismo que prestigia al país a través de su interrelación con las Fuerzas Armadas de los países de la Región y con organismos de Seguridad y Defensa internacionales.

Esta contribución incluye la implementación de medidas de confianza, la consecución de interoperabilidad, participando en operaciones multinacionales y de mantenimiento de paz. Incluye la realización de actividades que contribuyen a proyectar la imagen del Perú en el ámbito internacional, tales son los cruceros de instrucción al extranjero y expediciones antárticas, entre otras.

  1. NOCION

El Sistema de Seguridad y Defensa Nacional es presidido por el Presidente de la República, quien es el que encabeza el grupo que coordina los Consejos y Sistemas del Estado que velan por la seguridad del País y entre cuyas funciones está el garantizar la Seguridad Nacional mediante la concepción, planeamiento, dirección, preparación, ejecución y supervisión de la Defensa Nacional.

  • AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

El proceso de globalización ha dado lugar a la formación de nuevas asociaciones delincuenciales internacionales, que constituyen nuevas amenazas, retos y desafíos a la seguridad continental y regional. Este concepto fue recogido por la Organización de Estados Americanos, en la Declaración de Bridgetown y en la Conferencia Especial de Seguridad, de octubre de 2003 en México.

Amenazas como el terrorismo internacional se mezclan con otras cuya dimensión se ha multiplicado y adquieren características que afectan a las naciones, a sus recursos y a sus aspiraciones de bienestar.

El terrorismo internacional y el narcotráfico exigen a la comunidad internacional que sus acciones en materia de Seguridad y Defensa sean eficientemente coordinadas, teniendo en cuenta que ningún Estado actuando aisladamente y con su poderío militar tradicional, constituye garantía suficiente para preservar su seguridad.

Se hace necesario entonces, establecer mecanismos y sistemas cooperativos orientados a prevenir, neutralizar o mitigar el surgimiento y accionar de agentes generadores de conflictos, buscando alcanzar una mayor estabilidad para la construcción de sociedades que alcancen el desarrollo y bienestar de sus integrantes.

Para el Perú, es fundamental fortalecer la autoridad y legitimidad de las Naciones Unidas, y que la respuesta a los desafíos y problemas mundiales se realice en el marco de un reforzado sistema multilateral y de respeto del Derecho Internacional. En forma concordante con el enunciado precedente, aboga a nivel regional el establecimiento de un enfoque común de la seguridad, destacando:

  • El perfeccionamiento y ampliación de las medidas de fomento y confianza mutua.
  • La conformación de Zonas de Paz en la región y en las subregiones.
  • La Implementación del Plan Andino de Cooperación para la lucha contra el terrorismo.
  • La práctica de iniciativas destinadas a promover la limitación en gastos de defensa.
  1. Principios generales acerca de la intervención del Estado.

El hecho de que existan fallas de mercado, no implica necesariamente que el Estado deba proveer el bien o servicio. Así como los mercados no son perfectos, la acción del Estado puede tener fallas. El Estado, tal como fue concebido por los economistas clásicos, debería dar prioridad a las funciones de provisión de infraestructura básica, a mantener la ley y el orden y la defensa nacional. La participación del Estado debería ser de manera tal que refuerce y no que sustituya al mercado en el papel de asignador de recursos. Debería evitarse en lo posible que el Estado se encargue de la producción de los bienes o servicios en los que existen fallas de mercado, tal como fue el caso del Perú en la década de los años setenta y ochenta. Se debería preferir las soluciones que apoyen el desarrollo del sector privado (por ejemplo, facilitar la incorporación de nuevos productores como mecanismo para eliminar monopolios y diseminar información), más que soluciones en las que el Estado intervenga directamente (produciendo los bienes o fijando precios).

Por ejemplo, los servicios de telefonía, electricidad y saneamiento pueden ser brindados por el sector privado con una adecuada supervisión, la que puede ser complementada con la eliminación de barreras de entrada a nuevos participantes. A partir de las ideas arriba mencionadas, podemos señalar algunos principios generales que deben guiar la intervención del Estado, en caso de que ésta sea necesaria: a. Cuando el Estado tenga que proveer ciertos bienes o servicios, es deseable que la producción de los mismos esté a cargo del sector privado. Este es el caso de la inversión en mantenimiento de caminos y podría serlo también de los servicios de educación, salud y certificados de sanidad. b. Cuando, con el objetivo de reducción de la pobreza, el Estado intervenga en la economía, es preferible que lo haga a través de subsidios directos a los grupos que desea favorecer y que este gasto esté cuidadosamente focalizado.

 

  1. ORGANISMOS NACIONALES COMPETENTES

Las diferentes instituciones con función de velar por la seguridad del país en todos sus aspectos; ya sea las fuerzas armadas, defensa civil, los ministerios y organismos públicos., el presidente y sus ministros tiene un papel importante en lo que va la seguridad del país, y si hablamos de seguridad nos referimos a defender el Perú ante cualquier situación de guerra, desastre natural, u otro inconveniente en donde todos estemos dispuesto a defender nuestro país, tanto interior como exteriormente.

Dentro del conjunto de instituciones competentes encabezan la  lista los Ministerios de Defensa e Interior por ser no solo órganos coordinadores sino también ejecutores de las políticas que por naturaleza son propias de la defensa y vigilancia de fronteras, planes de solución pacifica y no pacifica de conflictos internos y externos, ataques terroristas.

Un segundo grupo son el Comando Conjunto de las Fuerzas armadas y todas las instituciones de vigilancia protección de la defensa nacional de ataques internos y externos como ejecutores directos y directores de los planes de contingencia ante eventualidades

  • Organismos de Toma de Decisiones

Mientras el Ministro del Interior debe de cumplir con su función es dirigir, conducir, coordinar y supervisar las acciones de gobierno interior, migraciones y naturalización, de control de los servicios de seguridad, de armas, municiones y explosivos de uso civil.

De otro lado el Ministro de Defensa debe cumplir con  su función es la preparación y desarrollo de las Fuerzas armadas peruanas y por su parte el Ministro de Justicia: Encargado de asesorar al Presidente Constitucional del Perú en temas judiciales y de Derechos Humanos

  • Organismos de Supervisión

 

Mientras que el Presidente del Consejo Nacional de Inteligencia: Integrar la inteligencia producida en los campos políticos. En tanto y en cuanto las Oficinas de Defensa Nacional asesoran al Ministro, Jefe del Organismo o al Presidente del Gobierno Regional en el planeamiento, programación, ejecución y supervisión de las acciones.

  • Órganos de Ejecución

El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: Su función principal es Asegurar la interoperabilidad, el accionar, la capacitación y el entrenamiento conjunto de las Fuerzas Armadas, así como la centralización de las actividades de inteligencia en el ámbito militar.

  1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

  1. a) Ejecución progresiva de las acciones necesarias para la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Debe adecuarse el tamaño de los tres Institutos a las necesidades de defensa actuales y también, a la situación económica y a las posibilidades fiscales del País.

Esto requiere definir unas Fuerzas Armadas más reducidas y más eficaces. La reducción debe ser equilibrada, tanto en efectivos como en equipamiento e instalaciones.

Definido por el Poder Ejecutivo el número de efectivos adecuados a una estructura piramidal, el Ministerio de Defensa procederá a formular un programa plurianual de acercamiento gradual al número señalado.

  1. b) Dar prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa de los tres Institutos que forman las Fuerzas Armadas. Aprovechar el proceso con el objeto de lograr una mayor eficiencia en los gastos de funcionamiento y mantenimiento.
  1. c) En cuanto al equipamiento de las Fuerzas Armadas, analizar las alternativas en el corto plazo para recuperar el material fuera de uso y de modernizar el material disponible; y en el mediano y largo plazo las alternativas de reequipamiento de las mismas.
  1. d) Incorporar el proceso de ejecución presupuestal del Ministerio de Defensa al Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF SP, a fin de dotarlo de mayor transparencia.

Asimismo, integrar el control de gestión a través del Sistema Integrado de Planeamiento de Administración Financiera de la Fuerza Armada SIPAFA, el mismo que ya se viene aplicando en la Marina de Guerra.

  1. e) Reestructurar la currícula de los Centros Académicos de las Fuerzas Armadas con el fin de garantizar una educación en democracia de los Oficiales y Sub Oficiales, mejorando, asimismo, las asignaturas militares y dando énfasis a las Operaciones Conjuntas. Igualmente adecuar los sistemas educativos castrenses a la estructura educativa nacional elevando el nivel y la exigencia académica, de modo que se pueda insertar a los integrantes de las Fuerzas Armadas en el sistema universitario, reconociendo el despacho de Alférez como bachillerato e incentivando que los Oficiales sigan una segunda carrera universitaria. Eso significará llevar al Oficial a la universidad y no la universidad a las escuelas de formación.

Impulsar el envío de Oficiales a estudiar en centros académicos militares de los Países líderes en doctrinas estratégicas y tácticas.

  1. f) Revisar la estructura organizativa y los planes de estudio del CAEN con el objeto de modernizarlos considerando, entre otros la necesidad de impartir instrucción en doctrina de operaciones conjuntas, y propiciando asimismo la mayor participación de representantes de la Sociedad Civil.
  1. g) Racionalizar los procedimientos de instrucción, adiestramiento, mantenimiento y atención de la infraestructura de los tres Institutos, dando énfasis a la actuación conjunta.
  1. h) Propiciar la venta o concesión de los bienes que forman parte del patrimonio de cada Instituto y que no resulten indispensables, con el objeto de destinar los recursos que se obtengan al equipamiento y/o infraestructura del mismo instituto.
  1. i) Establecer en cuanto a las adquisiciones de las Fuerzas Armadas mecanismos que garanticen transparencia, control y accionar conjunto.
  1. j) Impulsar la racionalización, la sistematización y la normalización de los materiales de cada uno de los Institutos, teniendo en cuenta la actuación conjunta.
  1. k) Reducción al mínimo de las estructuras administrativas y burocráticas de las Fuerzas Armadas, suprimiendo las Unidades carentes de finalidad practica así como racionalizando las funciones que resulten comunes.

La Marina de Guerra debe estudiar la transformación de la Escuela Nacional de Marina Mercante, aprovechando su infraestructura, en un Centro de Estudios Superiores de Nivel Universitario orientado a la capacitación en materias marinas y marítimas, con especial atención a las menos atendidas en el Sistema Universitario Peruano, como son Acuicultura, Gestión del Medio Ambiente Marítimo, Biotecnología y Administración Portuaria entre otros. Paralelamente el proceso debe estar orientado a la reconversión del personal de las Fuerzas Armadas que resulten excedentes como resultado del proceso de reestructuración de las mismas.

  1. l) Formulación de un Código de Ética para las Fuerzas Armadas, que enfatice los valores del respeto a los principios constitucionales, democráticos, a los derechos humanos y a la práctica de la honestidad y del honor militar.
  1. m) Propender a que las Fuerzas Armadas participen en la defensa regional y hemisférica, así como en operaciones de paz dentro del marco de las Naciones Unidas.

Como debe de actuarse en la formulacion de Alegatos en delitos de TID

Del delito y su configuración.

En primer lugar comenzaremos analizando la naturaleza jurídica de este ilícito penal, donde al ser un delito de peligro que no requiere para su configuración, la afectación efectiva y material del bien jurídico protegido como es la salud pública, ni tampoco que se ejecuten materialmente los actos de comercialización de drogas tóxicas, sino que tan solo basta con que se compruebe la posesión de las mismas con esta finalidad, atendiendo a que nos encontramos también ante un tipo penal de tendencia interna trascedente “mutilado de dos actos”, el cual queda consumado cuando se produce el primer resultado típico.

Es decir, se comprueba la posesión con fines de tráfico comercial, no siendo necesario que el agente consiga realizar su específica tendencia trascedente[1], es decir, la comercialización con las sustancias que porta[2].

A esto señalamos, que la enervación de la presunción de inocencia que atiende a toda persona procesada por un delito requiere que conjuntamente a la sindicación incriminatoria efectuada en contra de esta, se observe la concurrencia de elementos de pruebas idóneas, pertinentes, coherentes y útiles[3].

Sobre este punto existe la necesidad imperante de la presentación predilecta para la distribución al menudeo de drogas, conforme lo refieren fuentes de información autorizadas, como DEVIDA y la UNODC[4], respecto a la subcultura de las adicciones que aquejan a nuestra sociedad.

Entre los argumentos para enervar la presunción de inocencia señalando la ubicación exacta del lugar donde se produjo la intervención y puede o no ser un lugar catalogado como un punto crítico de expendio de drogas al menudeo en la capital, esto según los datos que maneja la agencia CEDRO[5] y el contenido del Dictamen Fiscal acusatorio.

Sobre la flagrancia delictiva, en los argumentos se puede emplear los lineamientos de inmediatez personal y temporal delineados en reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional[6], donde se encuentra la flagrancia como un argumento que vulnera  la presunción de inocencia.

Los argumentos de defensa infundados proferidos mediante los cuales este pretenden evadir su responsabilidad penal distorsionando los hechos según lo que cree que conviene a su defensa, conforme el sistema de derecho que se practica en nuestra República se lo permite, por lo que al referirnos al fragmento de la Ejecutoría Suprema del 12 de julio de 1996, en el Expediente N° 791-96-Lima, hallada en el libro “Derecho Procesal Penal – Volumen I” de SAN MARTIN CASTRO[7], a efectos de reforzar lo afirmado en este punto: “Es derecho del imputado mantener silencio sobre los hechos impugnados y aún distorsionarlos si conviene a su defensa (…)” – El resaltado en negritas es nuestro.

Conforme a la posición doctrinal del penalista italiano GIOVAN BATTISTA DE MAURO[8], quien al tratar en sus estudios lo referente a la declaración del imputado en el proceso penal refiere que: “Un imputado que durante el interrogatorio, se contraiga continuamente, o se apoye en circunstancias absolutamente inconciliables con las pruebas del proceso, favorece más a la acusación que a la propia defensa (…)”[9].

 

En este orden de ideas, respecto a la constante negativa esgrimida por el procesado respecto a los ilícitos penales cuya comisión se le imputa, es pertinente referir que estas explicaciones por demás inverosímiles deben ser asimiladas por el juzgador teniendo en cuenta el sentido jurídico de las mismas, señalando que esta figura de constante evasión y distorsión de la verdad pertinente a la dilucidación del presente caso, puede ser subsumida e interpretada como el llamado indicio de la mala justificación, según la clasificación de los indicios elaborada por FRANCOIS GORPHE[10], quien define y describe el referido indicio como: “Constituye indicios de mala justificación la explicación falsa, las contradicciones en que incurra el procesado y las explicaciones inverosímiles que suministre. La falsedad de la explicación puede ser respecto del todo (…) puede referirse solo a una circunstancia relacionada con el hecho punible (…)”

Debe de considerarse que la posesión de la sustancia ilícita no solo implica la sola tenencia de la misma, sino que debe de existir una negociación de la droga siendo este un elemento teleológico, por lo que: “(…) la posesión (…) debe ser entendida como tenencia de la droga con fines de tráfico; es decir, el sujeto que posee la droga debe tener la finalidad de poner la droga en el mercado para su venta y posterior consumo. La sola tenencia no es punible, máxime si la finalidad inmediata es consumir la droga de  autogestionarse una sustancia para su propia ingesta[11], asimismo cabe precisar que, “(…) la comercialización implica negociar con dinero, comprando, vendiendo, efectuando transacciones económicas a menor escala, implica por ende su posesión, que debe ser entendida como tenencia de la droga con fines de tráfico (…)”[12].

[1] VILLAVICENCIA TERREROS, Felipe. “Derecho penal. Parte general”. Editorial GRIJLEY. Lima 2009. Pág. 375.

[2] Misma que configura otro tipo de ilícito penal, conforme a lo tipificado en el primer párrafo del artículo 296 del Código penal, en el que se sanciona la facilitación de drogas para el consumo mediante actos de tráfico.

[3] Conforme se puede extrapolar del pronunciamiento jurisdiccional contenido en el tercer fundamento de la Ejecutoria dictada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en la R.N. N° 287-2005, en la cual, se afirma que prevalece el instituto procesal mencionado debido a que de autos (en un caso de homicidio) “no existen otros elementos de pruebas idóneas, pertinentes, coherentes y útiles (…)”además de la manifestación a nivel policial efectuada por la conviviente del agraviado.

[4]Conforme a los datos obtenidos de la publicación “Pasta Básica de CocaínaCuatro décadas de historia,actualidad y desafíos”, elaborada por la UNODC y DEVIDA en abril de 2013, pág. 54 y 55, disponible en el portal web:

http://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2013/LIBRO_PBC.pdf

[5] Conforme a la publicación de la agencia CEDRO “El problema de las drogas en el Perú 2013”, en la sección PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA Y CONSUMO DE DROGAS COCAÍNICAS EN LIMA Y CALLAO, página 194. Publicación impresa en Junio de 2013, ubicada en el portal web:

http://www.bvcedro.org.pe/bitstream/123456789/175/1/2001-DR-CEDRO.pdf

[6] Segundo párrafo del fundamento 2 en la Sentencia del 28 de marzo de 2011, dictada en el EXP. N.° 00354-2011-PHC/TC.

[7] SAN MARTÍN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal – Vol. I. Editorial GRIJLEY. 2° edición. Lima 2006. Pág. 543.

[8]DE MAURO, Manuale di dirittoprocessualepenale 3° ed; Roma, JandiSapi, 1959, p.283, nota 2.

[9]El resaltado en negritas es nuestro.

[10] Citado por TIBERIO QUINTERO OSPINA en el artículo “La prueba en materia penal”, Editorial Leyer, Bogotá 1997, p. 13 y ss.

[11]PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. Cit. p. 110-120.

[12]PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob. Cit. p. 120.

Sobre la Reparación Civil en materia del Delito de Trafico Ilicito de Drogas

Criterios Normativos

Las prescripciones normativas a las que nos debemos referir en este punto se hallan contenidas en primer orden en el Artículo 93 del Código Penal, en el cual se determina que la Reparación civil que se ordene en un proceso penal debe comprender los conceptos de RESTITUCIÓN (del bien), entendido como la reposición de aquello que ha sido objeto del ilícito (reponer el statu quo), e  INDEMNIZACIÓN (por los daños y perjuicios), que debe abarcar, acorde al artículo 1985 del Código Civil[1] -al que nos permitimos recurrir en mérito a lo normado en el artículo 101 del Código Penal[2]-, las consecuencias[3] que deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.

Criterios jurisprudenciales:

Siendo que además debe tenerse en cuenta a la hora de delinearse los márgenes de la Reparación Civil a fijarse en cada caso concreto, las siguientes consideraciones también extraída de la jurisprudencia nacional emanada de la Corte Suprema:

  1. La Reparación Civil no es una pena o parte de la pena, por lo que no comparte los mismos criterios delineadores de la pena. La naturaleza de la Reparación Civil es distinta, puesto que esta tiene como finalidad reparar el daño o efecto que el delito ha tenido sobre la víctima. (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/SALA PENAL PERMANENTE, N° 948-2005-JUNIN. Fundamento 3° convertido en precedente vinculante en mérito al Acuerdo Plenario N° 1-2005/ESV-22 del 30 de septiembre del año 2005).
  2. Debe existir una adecuada proporción entre el monto fijado como reparación civil y los bienes jurídicos lesionados mediante el delito sancionado (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/SALA PENAL PERMANTE, RN N° 2706-2006-LIMA NORTE; 08SET2006, fundamento Sexto). Sin embargo es conveniente efectuar una precisión conceptual en este punto, puesto que aquí no debe dejarse de lado tampoco, conforme a lo dilucidado por GARCÍA CAVERO[4], la entidad de la afectación concreta del bien jurídico al momento de establecer el monto de la reparación.
  3. La determinación de esta “adecuada proporción” debe responder a los principios de necesidad, proporcionalidad y racionabilidad (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA/PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA: RN N° 1569-2007-AREQUIPA; 26 de marzo de 2009. Fundamento Séptimo), mismos que son comunes a la imposición de medidas que gravan los ámbitos de libertad e intereses de las personas sujetas al iusimperium en sus diversas manifestaciones[5].

El costo que implica el proceso de desintoxicación de una persona aquejada por dependencia metabólica a sustancias tóxicas: Según el documento titulado LA VICTIMIZACIÓN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y OTROS DELITOS GRAVES EN EL PERÚ-RESUMEN EJECUTIVO, publicado el año 2011 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)[6], el proceso promedio de desintoxicación de un dependiente a drogas tóxicas inicia con un periodo de HOSPITALIZACIÓN de hasta 7 días, los cuales implican un desembolso de S/. 400.00 aproximadamente, continuando con un periodo de 13 días de REHABILITACIÓN, con un costo aproximado de S/. 291.00. Siendo que no puede dejar de mencionarse que existe un porcentaje de toxicómanos que por lo prolongado de su adicción y el deterioro de su organismo, se encuentran más allá de toda expectativa de recuperación.

  1. Sobre la ADICTIVIDAD[7] de las drogas tóxicas comisadas cuyo destino era la comercialización al menudeo: La PBC es una sustancia elaborada a base de cocaína, como su mismo nombre lo dice, sumamente adictiva por los efectos que posee sobre el sistema nervioso central, produciendo euforia, hiper-estimulación, confianza y sensación de seguridad. Una cuantificación concreta del porcentaje de adictividad que ostenta esta droga ilícita oscila en un número cercano al 73.13%[8], conforme a los datos hallados en diversas publicaciones de internet que se apoyan en un estudio realizado por la revista norteamericana “In Health” el año 2008. Ahora, respecto a la Marihuana, si bien esta ostenta un factor de adicción menor, igual o cercano al 21.16%, el mismo no debe ser desestimado al momento de advertir su peligrosidad, puesto que existen numerosos factores que, en determinados casos, aumentan la posibilidad de que un consumidor que se considera eventual, se convierta en compulsivo o drogodependiente. Finalmente, puede afirmarse luego que la adicción a las drogas es una enfermedad con un porcentaje de recaída muy alta, de hasta el 60%, lo que la hace comparable en este rubro a la diabetes, hipertensión arterial y el asma[9].

El monto de dinero invertido por el Estado en materia de prevención y combate al TID por persona: Según el documento titulado ESTRATEGIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS 2012-2016[10]elaborado por la agencia DEVIDA, en los rubros de: DESARROLLO ALTERNATIVO, INTERDICCIÓN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO y PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, el Estado peruano gastó al año 2010, aproximadamente unos $ 105.9 MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS, invertidos por el Estado peruano a efectos de prevenir y contrarrestar el abuso y comercio de sustancias tóxicas como la PBC, en refuerzo de las medidas legales dictadas por el Gobierno en contra de este flagelo.

En este orden de ideas, conforme se ha expuesto, el alcance de Micro comercializadores de PBC como LUIS ALBERTO RAMIREZ TAMARA y FRANCESCOLI PIERRE HUAMAN ROJAS es bastante amplio, por lo tanto, el bien jurídico tutelado en el delito en el cual se encuentran inmerso, es decir LA SALUD PÚBLICA, FUE POTENCIALMENTE DAÑADO EN FORMA AMPLIA mediante la puesta en peligro de los intereses sociales objetivos que el artículo 298.1 del Código Penal tutela, ya que estamos hablando de 6 PERSONAS que debido a la farmacodependencia sustentada por el procesado, verían mermada su SALUD en diversas áreas somáticas conforme al cuadro de la página siguiente, que es tomado del material técnico elaborado por DEVIDA y la ONU, al que se hizo referencia líneas arriba:

RESUMEN DE LOS EFECTOS CRÓNICOS DE LA DEDEPENDENCIA A LA COCAINA

EFECTOS PSICOLÓGICOS CRÓNICOS

EFECTOS EN LA SALUD EFECTOS SOCIOFAMILIARES

·         Anhedonia, o incapacidad para experimentar placer.

·         Internalización y perpetuación de los siguientes mecanismos psicológicos:

a)       Racionalización: Elaboración y emisión de argumentos o juicios falsos para justificar y prolongar el consumo.

b)       Autoengaño: EL dependiente está convencido de tener el control sobre la droga, cuando es todo lo contrario, dado que la droga controla y dirige la vida del consumidor.

c)       Negación: Consiste en la minimización de la existencia de la adicción a la PBC.

·         Pérdida de peso.

·         Infecciones cutáneas.

·         Desgano, agotamiento.

·         Ausencia de hambre y sueño, cansancio.

·         Apetencia por el consumo.

·         Alucinaciones que pueden ser visuales táctiles, auditivas y olfatorias.

·         Insomnio.

·         Locuacidad.

·         Vómitos, diarrea.

·         Alteración del juicio.

·         Frecuente paranoia.

·         Proclividad a la psicosis permanente.

·         Enfermedades infecciosas.

·         Deterioro dental.

·         Anemia.

·         Desnutrición, tuberculosis.

·         Indicadores del daño orgánico cerebral.

·         Conducta antisocial y delincuencial.

·         Venta de drogas.

·         Abandono laboral.

·         Crisis de familia permanente.

·         Disfunción familiar.

·         Codependencia.

·         Involucramiento familiar en problemas policiales y judiciales.

MARIHUANA, EFECTOS Y CONSECUENCIAS[11]
EFECTOS DE LA INTOXICACIÓN EFECTOS NO DESEADOS CONSECUENCIAS

ü  Relajación

ü  Desinhibición

ü  Enlentecimiento

ü  Sequedad en la boca

ü  Ojos brillantes y enrojecidos

ü  Alteraciones sensoriales

ü  Dificultad en la expresión oral, memoria inmediata y concentración

ü  Ansiedad, paranoia o pánico.

ü  A dosis altas puede producir ilusiones visuales y somnolencia.

ü  Aumento del apetito

ü  Taquicardia

ü  Sudoración

ü  Insomnio

ü  Descoordinación en movimientos

ü  Apetito voraz

ü  Déficit en funciones cognitivas (atención, concentración y memoria)

ü  Déficit motivacional

ü  Actitud pro-consumo

ü  Problemas de rendimiento académico o laboral

ü  La lata tasa de consumo ha favorecido la baja percepción del riesgo

ü  A dosis altas puede generar accidentes de tránsito y de índole laboral

ü  Alteraciones en el sistema familiar.

A la luz de todo lo expuesto es pertinente apuntar que; si bien es cierto nuestro sistema jurídico no considera que la Reparación Civil ostente una naturaleza y finalidad punitiva sino ante todo restitutiva e indemnizatoria (a diferencia del sistema anglosajón en el cual existe el instituto del punitive damage[12]), sin embargo, como apunta GARCÍA CAVERO[13], es inevitable que esta despliegue ciertos efectos (intimidatorios y de prevención especial) en el ámbito penal debido a que, por imperio de la ley se impone conjuntamente con la pena[14], por lo que este escenario necesariamente debe ser considerado por el juzgador al momento de imponer o determinar el monto que corresponde por Reparación Civil en el presente caso, por lo que el señalar un monto por concepto de Reparación Civil, igual o inferior al promedio de ganancias que percibe un micro-comercializador de drogas tóxicas enviaría un mensaje negativo a la delincuencia avocada  a los delitos de narcotráfico, y este es que; resulta rentable el dedicarse al comercio de drogas tóxicas desde un punto de vista económico-patrimonial, puesto que las ingentes ganancias que genera este tipo de ilícitos al final no son mermadas o afectadas por la administración de justicia.

[1] Que versa sobre la indemnización originada de la responsabilidad extracontractual.

[2] Artículo 101.- La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil.

[3] Aquellos efectos (negativos) que derivan de la lesión del interés protegido, según Juan ESPINOZA ESPINOZA en su libro “Derecho de la Responsabilidad civil”. Editorial GACETA JURÍDICA, 3° Edición. Lima 2005. Pág. 188.

[4] En el artículo “LA NATURALEZA Y ALCANCE DEL CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL: A PROPÓSITO DEL PRECEDENTE VINCULANTE ESTABLECIDO EN LA EJECUTORIA SUPREMA R.N. 948-2005 JUNÍN”, disponible en la dirección web: http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/5_1-Garcia-Cavero.pdf

[5] Sub principios instituidos como mecanismos de control e interdicción de la arbitrariedad (STC 1803-2004-AA).

[6]En el portal web: http://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Victimizacion_Resumen_2011.pdf

[7]http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/tobacco/es/glossary/abc/addictiveness.htm

[8] «Top 18 Most Addictive Drugs On Earth». “In Health” magazine. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2008. Consultado el 22 de febrero de 2010. Hallado en la dirección web:

http://web.archive.org/web/20080327022057/http://www.stopdepressiontoday.com/top-18-most-addictive-drugs.html

[9] NIDA (National Institute on Drugs Abuse). LAS DROGAS, EL CEREBRO Y EL COMPORTAMIENTO – Departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos. Publicado en el año 2008. Ejemplar virtual en formato PDF:

http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/soa_spanish.pdf

[10]Documento publicado en la web:

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/11793/PLAN_11793_Estrategia_Nacional_de_Lucha_contra_las_Drogas_2012-2016_2012.pdf

[11] “El problema de las drogas en el Perú 2013”, impreso en junio de 2013. Elaborado por el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas de CEDRO. Disponible en el portal web de esta institución: www.cedro.org.pe.

[12]Los Punitive damages son una institución del Common Law de origen británico que hoy resulta arquetípicamente norteamericana. Se puede referir una definición acertada recurriendo a una cita de John Fleming: “Punitive or exemplarydamagesfocusnotoninjurytotheplaintiffbutonoutrageousconduct of thedefendant, so as to warrant an additional sum, byway of penalty, to express the public indignation and need of the terrence or retribution” (Traducción: Los daños punitivos o ejemplares no se centran en un perjuicio al demandante, sino en la conducta reprochable de la parte demandada, a fin de justificar una suma adicional en concepto de sanción, para expresar la indignación pública y la necesidad de la disuasión o retribución).

[13]En el artículo “LA NATURALEZA Y ALCANCE DEL CONCEPTO DE REPARACIÓN CIVIL: A PROPÓSITO DEL PRECEDENTE VINCULANTE ESTABLECIDO EN LA EJECUTORIA SUPREMA R.N. 948-2005 JUNÍN”, disponible en la dirección web: http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/5_1-Garcia-Cavero.pdf

[14] Ver el artículo 92 del Código Penal.

La microcomercializacion de drogas como un problema tangible en nuestra sociedad.

Entendiendo que en la actualidad rige el Código de Procedimientos Penales, y los casos de Microcomercialización son conocidos a nivel de la vía sumaría – pues individualmente y de forma aislada no se constituyen en un ilícito que menoscabe gravemente el bien jurídico Salud Pública-, muchas veces estos casos no son punibilizados con pena privativa de libertad, sino con pena suspendida bajo el cumplimiento de reglas de conducta, y tal medida punitiva, efectivamente, es la más recomendada en diversos ámbitos – sea social, económico, penitenciario, etc. -; debiendo aplicar los criterios previstos en el artículo 46 del Código Penal – determinación penal de la pena- a fin de establecer la gravedad del delito, los medios empleados, la circunstancias social y su formación social y cultural.

Bien Jurídico.

El bien jurídico protegido[1], debiéndose en tender por este a la expectativa que bajo la ley penal se halla  tutelado en esta clase de delitos, en la presente investigación seria el derecho a la salud pública, aunque dicho tema todavía está en discusión[2], en tanto no solo afecta a la salud pública, sino que es el individuo quien como comercializador afecta el orden social en tanto hace posible que el consumo se extienda, genera ganancias ilícitas que afecta el orden económico a gran escala permitiendo el lavado de activos, toda vez que aunque las ganancias de los microcomercializadores son exiguas, sumadas las de todos estos, permiten un flujo y reflujo de dinero ilícito, además el grado de afectación puede potencialmente llegar a ser individual cuando en no pocos casos los microcomercializadores son adictos y se vinculan al delito para poder solventar de alguna manera su adicción.

Por ello, es necesario resaltar que el delito de tráfico ilícito de drogas posee un carácter pluriofensivo, ya que repercute sobre diversos niveles de nuestra sociedad, al mismo tiempo que amenaza, sin duda alguna, la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho al atentar contra los valores básicos de orden constitucional que éste protege , atentando contra diversos bienes jurídicos protegidos como el que principalmente resulta ser el de la Salud Pública, el mismo que se ve disminuido por el transporte y la comercialización de drogas, que causan efectos letales para la salud humana, desde una excesiva euforia y excitación, pasando por una dependencia sicofísica de la misma para terminar en una depresión de las funciones cardio-respiratorias ; ya que es obvio que el consumo de dichas sustancias resultará siendo una consecuencia inevitable de las conductas reseñadas en el párrafo anterior, consumo que alentará el incremento de la violencia en nuestro país en detrimento de la libertad y seguridad personales de nuestros ciudadanos, por la necesaria existencia de redes delincuenciales que custodian o que buscan comercializar estas sustancias ilícitas; así como por la conducta compulsiva de los futuros adictos que los llevará a cometer robos o cualquier delito conexo a fin de conseguir un poco de dinero para adquirir más droga, lo que obviamente alcanzará a niños, jóvenes y adultos de todo estrato y nivel socio-económico, pudiendo llevar a la pérdida de conciencia y a la comisión de delitos, incluso a nivel familiar , lo que unido a las grandes cantidades de masa monetaria ilícita (ganancias obtenidas de este “negocio”) relacionadas a este delito, clarifican el carácter pluriofensivo anteriormente mencionado.

Tipicidad Objetiva

Es abierto, porque no todas las conductas típicas están descritas, toda vez que las maneras de microcomercializar varían desde la venta delivery que se realiza a través de celulares con consumidores locales, la venta que se realiza en los denominados puntos críticos reconocidos por la policía local y conocidos por el termino de “fumaderos” donde comercializadores y consumidores se reúnen para concretar el trafico, por citar solo algunas de las sub modalidades donde se concreta el delito de TID en la modalidad de Microcomercializacion.

Sujeto activo

El sujeto activo puede ser cualquier persona que se le encuentre cumpliendo lo prescrito por la ley penal, aun cuando existen algunas circunstancias como la inimputabilidad comprendida por las circunstancias por razón de la edad o por anomalía psíquica conforme lo señalan  en los incisos 1 y 2

Sujeto pasivo

El sujeto pasivo es la sociedad quien en el proceso se halla representada jurídicamente por el Estado actuando como Parte Civil o Actor Civil si se está dentro de las jurisdicciones donde ya opera el Nuevo Código Procesal Penal o donde aun opera el Código Procesal Penal.

Los daños que se infringen al sujeto pasivo pueden variar pero han tratado de ser cuantificados gracias a algunos estudios que hemos recogido y que parten de la premisa de la reparación civil la misma que se halla establecida en el artículo 93° del Código Penal, y que comprende la restitución del bien o el Pago de su valor, más una indemnización. Siendo ello así, tenemos que para el presente caso, el bien jurídico protegido comprende, es la salud pública y mental de la persona humana, con efectos muchas veces irreversibles, causando incluso la degeneración genética con impredecibles consecuencias futuras para la humanidad. Por ejemplo, la cocaína produce en un primer momento euforia y excitación, pero luego una sensación de ansiedad y dependencia psicológica, para terminar en depresión de la respiración, alteración de las funciones del corazón, lo que puede causar la muerte por paro cardio – respiratorio, además de abortos espontáneos en la madres gestantes o problemas físicos  y psicológicos en el feto. Los mismos efectos se producen con la heroína. Por su parte, el LSD  puede causar deformaciones físicas y aberraciones cromosómicas y genéticas, mientras que la mariguana puede llegar a destruir el pensamiento abstracto, la percepción de la realidad circundante y la conciencia  normal del ser humano. No obstante los efectos negativos antes descritos, lo cierto es que hoy en día alrededor de doscientos millones de personas han consumido drogas, esto es utilizando como referencia datos correspondientes a 2005 y 2006 – quince millones mas que el año anterior.

Siendo ello así, tenemos que esta ilícita actividad constituye un problema importante en la salud pública incidiendo principalmente en la juventud y atacando a todas las esferas de la sociedad; su prevención, tratamiento y erradicación corresponde al Estado, quien invierte  altas cantidades de dinero, lo cual implica una afectación en el Presupuesto Nacional, involucrando al Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio de comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Salud, DEVIDA, Poder Judicial y demás instituciones Públicas; las cuales involucran parte de su presupuesto anual en la lucha contra el Tráfico Ilícito De Drogas, conforme se aprecia en el siguiente cuadro[3].

COMPONENTES DEL COSTO TOTAL TOTAL EN MILES DE $ PORCENTAJE
Atención en Salud 50.337 11.3%
Laborales – Productividad 255.064 57.4%
Daños de la Propiedad 33.336 7.5%
Gasto Gobierno 105.946 23.8%
TOTAL 444.683 100.0%

       

Paralelamente, esta actividad ilícita, genera otro tipo de perjuicios a la sociedad, así tenemos que en nuestro país siendo la droga más común la originada por la hoja de coca, cultivo que se siembra en nuestro territorio, según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),revelo que el 2009, nuestro país consolido su tendencia creciente en la producción de la hoja de coca con 119,000 toneladas métricas (TM), y la proliferación de los cultivos de la hoja de coca que, ya superan en EL Perú las 35,000 hectáreas acabara con nuestra selva amazónica en menos de 250 años, la proliferación de los cultivos de esta planta a causado la deforestación de 2,3 millones de hectáreas de bosque. Por, otro lado tenemos que según el informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), los campesinos cocaleros han comenzado a producir cocaína y que por ese motivo, ya no necesiten enviar droga a Colombia para que sea procesada. Asimismo en la producción de PBC se utilizan productos como ácido sulfúrico y clorhídrico, que son arrojados al rio, contaminándolos y poniendo en riesgo a las poblaciones ribereñas. Otro dato que resulta necesario resaltar es respecto a la economía de la droga, que a decir de la ONU representa el 8% del comercio mundial, igualmente que el número de consumidores oscila entre 3,3 y 4,1 de la población mundial es decir  unos 218 millones de personas. Asimismo, de acuerdo al Estudio del Impacto Social Económico del consumo de Drogas en el Perú (2010) realizado por DEVIDA, el costo de la problemática de la drogas en el Perú fue estimado 444.7  de US$ anuales, lo que corresponde a cerca de US$ 16 dólares per cápita. La magnitud del problema representa un 0.2%  del Producto Bruto Interno. De este costo anual corresponden al alcohol 245.4 millones de US$ o 6.8 US$ per cápita y al tabaco 7 millones de US$ con 0.2 US$ per cápita.

Que, teniendo en consideración, que para fijar el monto de la Reparación Civil, se tiene que tener en consideración la proporción, naturaleza y trascendencia del daño ocasionado, apreciando los hecho y la pruebas; es decir, en el caso en mención, se está lesionando dolosamente un bien jurídico recogido  no solo en nuestra constitución Política, sino también por la Convención de Viena y demás Convenios Internacionales debidamente suscritos y ratificados por el Perú. Además el daño provocado por estas drogas prohibidas y sustancias psicotrópicas en la salud de las personas es irreparable logrando el procesado con su actuar delictivo y antisocial provocar un grave e irremediable daño a sus víctimas. Por otro lado hay que advertir la gravedad de los hechos que se investigan y las ingentes sumas de dinero que se mueven en este ilícito negocio, teniendo en cuenta el elevado precio de la droga.

GRAFICO N° 1[4]

GRAFICO N° 2

LUGAR PRECIO US$ por gramo
En zona de producción 1.0
Lima 2.0
Estados Unidos 97.4
Argentina 5.9
Chile 26.6
Francia 95.9
Suecia 96.4
Italia 111.8
España 83.2
Japón 212.5
Federación Rusa 218.0
Reino Unido 90.5
Australia 285.4
Nueva Zelanda 311.7

 

 

 

 

 

Circunstancias agravantes

En el Código Penal existen un conjunto de circunstancias las cuales pueden actuar como atenuantes o como agravantes, y tienen efectos para disminuir o aumentar la pena con arreglo a ciertas reglas legalmente establecidas para cada caso, estas circunstancias modificativas de la responsabilidad son elementos accidentales del delito y en el delito del Trafico Ilícito de Drogas como tipo base se hallan descritas en el artículo 297 del Código Penal.

Pluralidad de Agentes. Dicha agravante de pluralidad de agentes debe entenderse en primer lugar, que las 3 o más personas involucradas en el delito no necesariamente deben estar denunciadas, procesadas o juzgadas, sino sólo basta que en la comisión del TID hayan participado, colaborado o intervenido, previa coordinación, al menos tres personas.

El Acuerdo Plenario N° 3- 2005/CJ-116[5], del 30 de setiembre de 2005, de las Sala Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República trató de explicar la forma cómo debe entenderse dicha agravante al dejar sentada como doctrina jurisprudencial que “…a) La sola existencia o concurrencia, sin más, de una pluralidad de agentes (tres o más) en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas no tipifica la circunstancia agravante del artículo 297°.6 del Código Penal, pues tal consideración violaría el principio de proscripción de la responsabilidad objetiva (artículo VII del Título Preliminar del Código Penal). b) La simple ejecución del delito, sin que exista concierto entre por lo menos tres participantes, no es suficiente para concretar la circunstancia agravante antes citada…”.

[1] En el artículo “LA PLURALIDAD DE AGENTES EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL” de LUGO VILLAFANA William citando a Mussig Bernd. Desmaterialización del Bien Jurídico y de la Política Criminal. Universidad Externado de Colombia, primera impresión, Octubre de 2001, págs. 16 y ss. “… una teoría crítica del bien jurídico no sólo debe poder indicar qué es lo que son “bienes jurídicos” y cómo éstos aparecen en la realidad social, sino que también debe poder explicar cómo funciona en detalle la protección de bienes jurídicos a través del derecho penal. Por un lado, esas condiciones y posibilidades del “aparato de protección” jurídico-penal son aspectos decisivos de la dimensión práctico-social de la concepción del ordenamiento penal como protección de bienes jurídicos…” los extractos de este material son proporcionados por LIBREJUR en el Diplomado Virtual de Trafico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos – Julio 2014.

[2] Opinión que compartimos con lo expuesto en el artículo “LA PLURALIDAD DE AGENTES EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL” de LUGO VILLAFANA William citando a Vid., con más amplitud, Joshi Jubert, Ujala, Los Delitos de Tráfico de Drogas I, un Estudio Analítico del artículo 368 del CP, José María Bosh Editor. Barcelona, 1999. pág. 28 y ss. los extractos de este material son proporcionados por LIBREJUR en el Diplomado Virtual de Trafico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos – Julio 2014.

[3] Fuente: Estudio del Impacto Social y Económico del consumo de Drogas en el Perú. Informe  Final. Observatorio Peruano de Drogas y DEVIDA 2010.

[4] Precio medio anual al por mayor de la cocaína de calidad desconocida en las zonas productoras del Perú, 2005-2010, valorado en USS/Kg. (World Drug Report 2012 – UNODC).

[5] PRADO SALDARRIAGA, Víctor; Jurispruden- cia vinculante y pluralidad de agentes en el delito de tráfico ilícito de drogas, en: Comentario a los precedentes vinculantes en materia Penal de la Corte Suprema, Director: José Luis Castillo Alva, editora Jurídica Grijley, año 2008.

La microcomercializacion de drogas como un problema tangible en nuestra sociedad.

Entendiendo que en la actualidad rige el Código de Procedimientos Penales, y los casos de Microcomercialización son conocidos a nivel de la vía sumaría – pues individualmente y de forma aislada no se constituyen en un ilícito que menoscabe gravemente el bien jurídico Salud Pública-, muchas veces estos casos no son punibilizados con pena privativa de libertad, sino con pena suspendida bajo el cumplimiento de reglas de conducta, y tal medida punitiva, efectivamente, es la más recomendada en diversos ámbitos – sea social, económico, penitenciario, etc. -; debiendo aplicar los criterios previstos en el artículo 46 del Código Penal – determinación penal de la pena- a fin de establecer la gravedad del delito, los medios empleados, la circunstancias social y su formación social y cultural.

Bien Jurídico.

El bien jurídico protegido[1], debiéndose en tender por este a la expectativa que bajo la ley penal se halla  tutelado en esta clase de delitos, en la presente investigación seria el derecho a la salud pública, aunque dicho tema todavía está en discusión[2], en tanto no solo afecta a la salud pública, sino que es el individuo quien como comercializador afecta el orden social en tanto hace posible que el consumo se extienda, genera ganancias ilícitas que afecta el orden económico a gran escala permitiendo el lavado de activos, toda vez que aunque las ganancias de los microcomercializadores son exiguas, sumadas las de todos estos, permiten un flujo y reflujo de dinero ilícito, además el grado de afectación puede potencialmente llegar a ser individual cuando en no pocos casos los microcomercializadores son adictos y se vinculan al delito para poder solventar de alguna manera su adicción.

Por ello, es necesario resaltar que el delito de tráfico ilícito de drogas posee un carácter pluriofensivo, ya que repercute sobre diversos niveles de nuestra sociedad, al mismo tiempo que amenaza, sin duda alguna, la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho al atentar contra los valores básicos de orden constitucional que éste protege , atentando contra diversos bienes jurídicos protegidos como el que principalmente resulta ser el de la Salud Pública, el mismo que se ve disminuido por el transporte y la comercialización de drogas, que causan efectos letales para la salud humana, desde una excesiva euforia y excitación, pasando por una dependencia sicofísica de la misma para terminar en una depresión de las funciones cardio-respiratorias ; ya que es obvio que el consumo de dichas sustancias resultará siendo una consecuencia inevitable de las conductas reseñadas en el párrafo anterior, consumo que alentará el incremento de la violencia en nuestro país en detrimento de la libertad y seguridad personales de nuestros ciudadanos, por la necesaria existencia de redes delincuenciales que custodian o que buscan comercializar estas sustancias ilícitas; así como por la conducta compulsiva de los futuros adictos que los llevará a cometer robos o cualquier delito conexo a fin de conseguir un poco de dinero para adquirir más droga, lo que obviamente alcanzará a niños, jóvenes y adultos de todo estrato y nivel socio-económico, pudiendo llevar a la pérdida de conciencia y a la comisión de delitos, incluso a nivel familiar , lo que unido a las grandes cantidades de masa monetaria ilícita (ganancias obtenidas de este “negocio”) relacionadas a este delito, clarifican el carácter pluriofensivo anteriormente mencionado.

Tipicidad Objetiva

Es abierto, porque no todas las conductas típicas están descritas, toda vez que las maneras de microcomercializar varían desde la venta delivery que se realiza a través de celulares con consumidores locales, la venta que se realiza en los denominados puntos críticos reconocidos por la policía local y conocidos por el termino de “fumaderos” donde comercializadores y consumidores se reúnen para concretar el trafico, por citar solo algunas de las sub modalidades donde se concreta el delito de TID en la modalidad de Microcomercializacion.

Sujeto activo

El sujeto activo puede ser cualquier persona que se le encuentre cumpliendo lo prescrito por la ley penal, aun cuando existen algunas circunstancias como la inimputabilidad comprendida por las circunstancias por razón de la edad o por anomalía psíquica conforme lo señalan  en los incisos 1 y 2

Sujeto pasivo

El sujeto pasivo es la sociedad quien en el proceso se halla representada jurídicamente por el Estado actuando como Parte Civil o Actor Civil si se está dentro de las jurisdicciones donde ya opera el Nuevo Código Procesal Penal o donde aun opera el Código Procesal Penal.

Los daños que se infringen al sujeto pasivo pueden variar pero han tratado de ser cuantificados gracias a algunos estudios que hemos recogido y que parten de la premisa de la reparación civil la misma que se halla establecida en el artículo 93° del Código Penal, y que comprende la restitución del bien o el Pago de su valor, más una indemnización. Siendo ello así, tenemos que para el presente caso, el bien jurídico protegido comprende, es la salud pública y mental de la persona humana, con efectos muchas veces irreversibles, causando incluso la degeneración genética con impredecibles consecuencias futuras para la humanidad. Por ejemplo, la cocaína produce en un primer momento euforia y excitación, pero luego una sensación de ansiedad y dependencia psicológica, para terminar en depresión de la respiración, alteración de las funciones del corazón, lo que puede causar la muerte por paro cardio – respiratorio, además de abortos espontáneos en la madres gestantes o problemas físicos  y psicológicos en el feto. Los mismos efectos se producen con la heroína. Por su parte, el LSD  puede causar deformaciones físicas y aberraciones cromosómicas y genéticas, mientras que la mariguana puede llegar a destruir el pensamiento abstracto, la percepción de la realidad circundante y la conciencia  normal del ser humano. No obstante los efectos negativos antes descritos, lo cierto es que hoy en día alrededor de doscientos millones de personas han consumido drogas, esto es utilizando como referencia datos correspondientes a 2005 y 2006 – quince millones mas que el año anterior.

Siendo ello así, tenemos que esta ilícita actividad constituye un problema importante en la salud pública incidiendo principalmente en la juventud y atacando a todas las esferas de la sociedad; su prevención, tratamiento y erradicación corresponde al Estado, quien invierte  altas cantidades de dinero, lo cual implica una afectación en el Presupuesto Nacional, involucrando al Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio de comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Salud, DEVIDA, Poder Judicial y demás instituciones Públicas; las cuales involucran parte de su presupuesto anual en la lucha contra el Tráfico Ilícito De Drogas, conforme se aprecia en el siguiente cuadro[3].

COMPONENTES DEL COSTO TOTAL TOTAL EN MILES DE $ PORCENTAJE
Atención en Salud 50.337 11.3%
Laborales – Productividad 255.064 57.4%
Daños de la Propiedad 33.336 7.5%
Gasto Gobierno 105.946 23.8%
TOTAL 444.683 100.0%

       

Paralelamente, esta actividad ilícita, genera otro tipo de perjuicios a la sociedad, así tenemos que en nuestro país siendo la droga más común la originada por la hoja de coca, cultivo que se siembra en nuestro territorio, según la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),revelo que el 2009, nuestro país consolido su tendencia creciente en la producción de la hoja de coca con 119,000 toneladas métricas (TM), y la proliferación de los cultivos de la hoja de coca que, ya superan en EL Perú las 35,000 hectáreas acabara con nuestra selva amazónica en menos de 250 años, la proliferación de los cultivos de esta planta a causado la deforestación de 2,3 millones de hectáreas de bosque. Por, otro lado tenemos que según el informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA), los campesinos cocaleros han comenzado a producir cocaína y que por ese motivo, ya no necesiten enviar droga a Colombia para que sea procesada. Asimismo en la producción de PBC se utilizan productos como ácido sulfúrico y clorhídrico, que son arrojados al rio, contaminándolos y poniendo en riesgo a las poblaciones ribereñas. Otro dato que resulta necesario resaltar es respecto a la economía de la droga, que a decir de la ONU representa el 8% del comercio mundial, igualmente que el número de consumidores oscila entre 3,3 y 4,1 de la población mundial es decir  unos 218 millones de personas. Asimismo, de acuerdo al Estudio del Impacto Social Económico del consumo de Drogas en el Perú (2010) realizado por DEVIDA, el costo de la problemática de la drogas en el Perú fue estimado 444.7  de US$ anuales, lo que corresponde a cerca de US$ 16 dólares per cápita. La magnitud del problema representa un 0.2%  del Producto Bruto Interno. De este costo anual corresponden al alcohol 245.4 millones de US$ o 6.8 US$ per cápita y al tabaco 7 millones de US$ con 0.2 US$ per cápita.

Que, teniendo en consideración, que para fijar el monto de la Reparación Civil, se tiene que tener en consideración la proporción, naturaleza y trascendencia del daño ocasionado, apreciando los hecho y la pruebas; es decir, en el caso en mención, se está lesionando dolosamente un bien jurídico recogido  no solo en nuestra constitución Política, sino también por la Convención de Viena y demás Convenios Internacionales debidamente suscritos y ratificados por el Perú. Además el daño provocado por estas drogas prohibidas y sustancias psicotrópicas en la salud de las personas es irreparable logrando el procesado con su actuar delictivo y antisocial provocar un grave e irremediable daño a sus víctimas. Por otro lado hay que advertir la gravedad de los hechos que se investigan y las ingentes sumas de dinero que se mueven en este ilícito negocio, teniendo en cuenta el elevado precio de la droga.

GRAFICO N° 1[4]

GRAFICO N° 2

LUGAR PRECIO US$ por gramo
En zona de producción 1.0
Lima 2.0
Estados Unidos 97.4
Argentina 5.9
Chile 26.6
Francia 95.9
Suecia 96.4
Italia 111.8
España 83.2
Japón 212.5
Federación Rusa 218.0
Reino Unido 90.5
Australia 285.4
Nueva Zelanda 311.7

 

 

 

 

 

Circunstancias agravantes

En el Código Penal existen un conjunto de circunstancias las cuales pueden actuar como atenuantes o como agravantes, y tienen efectos para disminuir o aumentar la pena con arreglo a ciertas reglas legalmente establecidas para cada caso, estas circunstancias modificativas de la responsabilidad son elementos accidentales del delito y en el delito del Trafico Ilícito de Drogas como tipo base se hallan descritas en el artículo 297 del Código Penal.

Pluralidad de Agentes. Dicha agravante de pluralidad de agentes debe entenderse en primer lugar, que las 3 o más personas involucradas en el delito no necesariamente deben estar denunciadas, procesadas o juzgadas, sino sólo basta que en la comisión del TID hayan participado, colaborado o intervenido, previa coordinación, al menos tres personas.

El Acuerdo Plenario N° 3- 2005/CJ-116[5], del 30 de setiembre de 2005, de las Sala Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República trató de explicar la forma cómo debe entenderse dicha agravante al dejar sentada como doctrina jurisprudencial que “…a) La sola existencia o concurrencia, sin más, de una pluralidad de agentes (tres o más) en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas no tipifica la circunstancia agravante del artículo 297°.6 del Código Penal, pues tal consideración violaría el principio de proscripción de la responsabilidad objetiva (artículo VII del Título Preliminar del Código Penal). b) La simple ejecución del delito, sin que exista concierto entre por lo menos tres participantes, no es suficiente para concretar la circunstancia agravante antes citada…”.

[1] En el artículo “LA PLURALIDAD DE AGENTES EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL” de LUGO VILLAFANA William citando a Mussig Bernd. Desmaterialización del Bien Jurídico y de la Política Criminal. Universidad Externado de Colombia, primera impresión, Octubre de 2001, págs. 16 y ss. “… una teoría crítica del bien jurídico no sólo debe poder indicar qué es lo que son “bienes jurídicos” y cómo éstos aparecen en la realidad social, sino que también debe poder explicar cómo funciona en detalle la protección de bienes jurídicos a través del derecho penal. Por un lado, esas condiciones y posibilidades del “aparato de protección” jurídico-penal son aspectos decisivos de la dimensión práctico-social de la concepción del ordenamiento penal como protección de bienes jurídicos…” los extractos de este material son proporcionados por LIBREJUR en el Diplomado Virtual de Trafico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos – Julio 2014.

[2] Opinión que compartimos con lo expuesto en el artículo “LA PLURALIDAD DE AGENTES EN EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL” de LUGO VILLAFANA William citando a Vid., con más amplitud, Joshi Jubert, Ujala, Los Delitos de Tráfico de Drogas I, un Estudio Analítico del artículo 368 del CP, José María Bosh Editor. Barcelona, 1999. pág. 28 y ss. los extractos de este material son proporcionados por LIBREJUR en el Diplomado Virtual de Trafico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos – Julio 2014.

[3] Fuente: Estudio del Impacto Social y Económico del consumo de Drogas en el Perú. Informe  Final. Observatorio Peruano de Drogas y DEVIDA 2010.

[4] Precio medio anual al por mayor de la cocaína de calidad desconocida en las zonas productoras del Perú, 2005-2010, valorado en USS/Kg. (World Drug Report 2012 – UNODC).

[5] PRADO SALDARRIAGA, Víctor; Jurispruden- cia vinculante y pluralidad de agentes en el delito de tráfico ilícito de drogas, en: Comentario a los precedentes vinculantes en materia Penal de la Corte Suprema, Director: José Luis Castillo Alva, editora Jurídica Grijley, año 2008.

Descripcion Juridica del Delito de Trafico Ilicito de Drogas

Bien Jurídico Tutelado

Debemos entender como primer punto en la cadena del ilícito del TID – Microcomercializacion que existe un bien jurídico tutelado y que es trasgredido por la comisión de este delito y es la salud pública, entendiendo esta como indica MUÑOZ CONDE[1]: ” Aquel nivel de bienestar físico y psíquico que afecta a la colectividad, a la generalidad de los ciudadanos” o el conjunto de condiciones que positiva o negativamente garantizan y fomentan la salud de los ciudadanos.

El Estado en salvaguarda de este bienestar físico y emocional al amparo de la Constitución[2] declara como delito el TID, no así,  el consumo, pues atentaría contra su propia libertad. Pero esta Salud Pública resulta no ser meramente una ocupación del Estado sino un problema global, por lo que estamos de acuerdo con el profesor Morillas Cuevas[3] que el delito de Tráfico de Drogas en las diversas dimensiones que puede presentarse es un problema de derecho interno y por tanto responsabilidad del Estado, pero a su vez es un tema del Derecho Internacional, dada la globalización del trafico y su impacto internacional e influencia en los distintos convenios internacionales de los cuales son signatarios la mayor parte de los Estados.

Entendiendo que la Microcomercializacion de Drogas en lo referente a los Delitos de TID es en si una cadena comercial e ilícita, debemos comprender en ella a la Salud Publica tal como la expresa Carbonell[4] como un valor comunitario inmanente a la idea de la convivencia humana, íntimamente unido a la meta de una mejor calidad de vida, por lo cual como integrante de la colectividad o de la sociedad se tiene derecho a un estado de salud general más allá de lo individual.

Por estas razones el Estado decide limitar el mercado de drogas y todas aquellas sustancias susceptibles de alterar la salud pública, controlando el ciclo de la droga desde el cultivo hasta el consumo, esto porque su naturaleza ilícita extiende un alcance de las graves consecuencias que lleva aparejado el aumento a escala mundial de este tráfico ilícito, se extienden tanto a los Estados productores y de tránsito como a los Estados consumidores, poniendo en peligro los sistemas socio- económicos, la estabilidad política y económica e incluso la seguridad nacional de los primeros, y contribuyendo de forma decisiva al deterioro de la salud, a la marginación social y al aumento de la delincuencia en los segundos. A ello se añade, además, la progresiva vinculación del tráfico ilícito de drogas a otras actividades delictivas de una dimensión transnacional, como el terrorismo, el comercio ilícito de armas o el blanqueo de dinero[5].

Tipicidad

Culminada la explicación del bien jurídico protegido, pasaremos a exponer la configuración en si del delito de TID siguiendo a Sequeros Sazatornil, quien establece que para la configuración del delito de TID se requiere “el concurso o la concurrencia de dos elementos: uno objetivo, consistente en la tenencia o posesión de la droga, elemento que es susceptible de prueba directa, y otro, subjetivo, que se traduce en una actitud personal cual es la que dicha posesión este pre-ordenada al tráfico; y, como este segundo elemento acaece en el plano de las intenciones al no ser sensorialmente susceptible, no puede ser objeto de prueba directa, sino que se infiere de los datos objetivos que se hallen cumplidamente acreditados, pudiendo ser de estos datos de los que se traduzca la intención del destino de la droga poseída: la cantidad ocupada, la forma en que la misma se encontrase, la existencia de una industria, por pequeña que sea; la no condición de drogadicto del poseedor, el lugar en que se hallase ocultada, etc”[6].

Recordemos también que en los delitos de TID  – Microcomercializacion, el tipo subjetivo del delito de posesión de drogas toxicas, exige no solo la posesión de drogas, sino también el poseerlas con la finalidad de destinarlas al tráfico ilícito, el determinar tal finalidad está en función de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto[7], por lo que podemos inferir que la posesión solo será punible si concurre la intención de traficar debiendo en consecuencia probarse en el proceso penal la concurrencia de dicho elemento[8] subjetivo del tipo[9]. Y dicha intención debe de ser revelada mediante datos en esencia objetivos, elementos que en conjunto puedan deducir dicha intención delictiva[10].

Cumplidos los supuestos objetivos del artículo 296 del CP, es preciso que para su configuración se presenten también el supuesto objetivo –imputación subjetiva-, esto es, el dolo, el conocimiento y la voluntad del agente respecto a los siguientes extremos: a) de la conducta que lleva a cabo, b) del objeto de la conducta: tenga conocimiento  que su objeto de referencia son drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y que estas causen grave daño a la salud, caso contrario, estaremos frente a un error de tipo, c) que sus actos sirvan a la difusión del consumo ilegal de las drogas, y, d) conocimiento de la ilicitud penal de la conducta[11].

Antijurídico

Existe también un conjunto de Acuerdos, Convenciones de carácter internacional a las que nuestro país de halla suscrito y cuya finalidad es el combate a las drogas y el narcotráfico[12], debido a que nos hallamos suscritos existe el compromiso de dar pleno cumplimiento y ejecución de políticas públicas y leyes dirigidas a la lucha contra este flagelo.

Acuerdo Descripción
Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, 1961 (22 de julio de 1964), y el Protocolo de 1972 (12 de julio de 1977) Incluye más de 118 estupefacientes. Prohíbe prácticas como la utilización del opio para fumar o para comer, la masticación de la hoja de coca y el hábito de fumar cannabis (marihuana). Permite un período de transición para que las partes superen las dificultades derivadas de la desaparición de estas costumbres.
Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 (28 de enero de 1980) Las drogas fiscalizadas se someten a diversos grados de vigilancia para el comercio, la fabricación, la distribución y el uso, que se ajustan al equilibrio entre su utilidad terapéutica y el riesgo de producción de dependencia y de problemas socio – sanitarios derivados de su uso indebido.
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, con dos reservas (12 de diciembre de 1991) Se busca impedir el blanqueo de activos procedentes del tráfico ilícito de drogas (TID) y crear mecanismos concretos de cooperación internacional para asegurar el cumplimiento de las leyes, incluidas las entregas vigiladas y la remisión de actuaciones penales para el procesamiento. Contiene las disposiciones que regulan la extradición de los traficantes de drogas y la asistencia judicial recíproca.
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD/OEA, 1986 Se creó CICAD, cuya misión principal es fortalecer las capacidades humanas e institucionales y canalizar los esfuerzos colectivos de sus Estados Miembros para reducir la producción, el tráfico y el uso y abuso de drogas en las Américas.
Decisiones 587,505, 250, 549, 602 y 614, Comunidad Andina. Decisión 587, “Lineamientos de la Política de Seguridad Externa Común Andina”, se prioriza la lucha contra el problema mundial de las drogas y los delitos conexos;

La Decisión 505, “Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos”;

La Decisión 250, “Plan de Acción para la Sustitución y Desarrollo Alternativo en las Zonas Productoras de Coca de los Países Andinos”;

La Decisión 549, se crea el Comité Andino para el Desarrollo Alternativo (CADA);

La Decisión 602, “Norma Andina para el Control de Sustancias Químicas que se Utilizan en la Fabricación Ilícita de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”; y

La Decisión 614, se desarrolla la “Estrategia Andina de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible”.

Culpabilidad

Debemos de encontrar dentro de la investigación si el denunciado es imputable para señalarse como culpable o no, pues se da el caso de que el denunciado puede ser un inimputable o un menor de edad que es usado en la cadena de TID – Microcomercializacion y por lo tanto su culpabilidad queda descartada, incurriendo en la forma agravante y el denunciado que fue quien condiciono al inimputable se le aplicaría una pena y una reparación civil mayor.

La labor de la PPETID en los delitos de TID

La investigación preliminar

Es la pre etapa antes del inicio del proceso y es un trabajo en conjunto que se desarrolla con la labor coordinada entre el representante del  Ministerio Publico que se halla designado para el caso aperturado y que actúa como garante de la legalidad de las actuaciones probatorias, el efectivo o los efectivos que participaron en la intervención y que brindaran las testimoniales del caso, y el abogado adscrito a la PPETID que en aras de cumplir la defensa jurídica del Estado se apersona a la Comisaria o Dependencia que participo en la intervención para que por medio de su participación en la instructiva se garantice la defensa jurídica del Estado no solo en la imposición de la reparación civil sino en la defensa jurídica del Estado asegurando la punición de este tipo de delitos y la constitución como parte agraviada.

[1] MUÑOZ CONDE, Francisco: Derecho Penal. Parte Especial, Ed. Tirant Lo Blanch, 9na Edicion, 1993. Oficina de Politica Nacional de Control de Drogas, National Drug Control Strategy, FY 2003. Budget Summary (Washington DC.,  Ejecutiva del Presidente, diciembre del 2002), Pág. 10.

[2] Artículo 8.- Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas.  Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales.

[3] SOTO NIETO, Francisco. El delito de tráfico ilegal de droga. Edit. Trivium S. A. Madrid 1998

[4] CARBONELL MATEU, Juan Carlos. Consideraciones técnico jurídicas en torno al delito de tráfico de drogas. En el libro La problemática de la droga en España. EDERSA. Madrid 2001.

[5] En relación con las consecuencias económicas y sociales del uso indebido y el tráfico de drogas, ver, entre otros, el “Informe provisional presentado por el Director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas a la Comisión de estupefacientes en su 38s período sesiones”, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: DOC. EICN.7I1995I3.

[6] SEQUEROS SAZATORNIL, Fernando. El trafico de Drogas ante el ordenamiento jurídico (Evolución normativa, doctrinal y jurisprudencial). La Ley. Madrid. 2000.  Pág. 93.

[7] R. N. N° 3070-2004 – Callao.

[8] BOIX,REIG, J. y otro; Comentarios al Código Penal, vol. IV, cit., ps. 1689-1690.

[9] Así, TAZZ, A. O., El comercio de estupefacientes, cit., p. 86.

[10] REIG, J. y otro; Comentarios al Código Penal, vol. IV, cit., ps. 1691.

[11] JOSHI JUBERT, Ujala. Los Delitos de Trafico Ilícito de Drogas I, un Estudio analítico del artículo 368 del CP, José Maria Bosh Editor. Barcelona, 1999. Pág. 108.

[12] Fuente: Devida (2010).