PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL LABORAL

  1. 1.    INTRODUCCION A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL

El 15 de enero del 2010 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Ley N° 29497, que probó la Nueva Ley Procesal de Trabajo, que dispuso su entrada en vigencia de manera progresiva en los distintos Distritos Judiciales del país a partir del 15 de julio del año en curso, conforme lo dispone Novena Disposición Complementaria de la citada ley. Es por ello que su estudio y desarrollo es especialmente importante para el logro de su adecuada implementación, que asegure especialmente su igual aplicación por parte de los distintos órganos jurisdiccionales de la especialidad en el país.

La Nueva Ley Procesal de Trabajo constituye un instrumento jurídico de orden procesal que busca mejorar el sistema de la administración de justicia en materia laboral. Es de aplicación a los procesos laborales que se inicien, cuya finalidad es lograr un eficiente acceso a la justicia, una regulación sencilla y, sobre todo, la aplicación de los principios de oralidad, inmediación, concentración, economía procesal, celeridad, veracidad, impulso de oficio y principio protector, entre otros. Permite mayor celeridad, simplicidad y sistematización en los procesos judiciales, como sucede en diversos países de la región como Ecuador, Uruguay, Venezuela, Costa Rica y Chile, que cuentan con una norma procesal sustentada en la oralidad.

Pretendemos a bordar el desarrollo de algunos principios que inspiran la nueva normatividad procesal laboral, y que determinan un cambio sustantivo para lograr mayor celeridad en el trámite de los procesos, teniéndose presente que éstos se aplican en el trámite del proceso y al resolver las distintas incidencias, así como al expedir el fallo, permitiendo resolver el conflicto de intereses inspirados en conceptos básicos que sustentan no sólo el derecho procesal laboral, sino también el derecho sustantivo laboral.

  1. 2.    EL ROL DE LOS PRINCIPIOS U AXIOMAS JURIDICOS

 

2.1.        DE LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL

La importancia de estudiar los principios en los que se funda el Derecho del Trabajo estriba en la función fundamental que ellos juegan en todas las disciplinas del Derecho, pero que por tratarse de una rama de relativo recién nacimiento, necesita apoyarse en principios que suplan la estructura conceptual asentada en siglos de vigencia y experiencia que tienen otras ramas jurídicas.

Los principios pueden ser enunciados tanto en la legislación positiva como en la jurisprudencia, sin embargo poseen sustantividad propia en razón de su intrínseca generalidad.  Todos ellos obedecen a la inspiración de la JUSTICIA SOCIAL[1] de la que se nutría desde sus inicios la legislación del trabajo, de ahí que la idea central de ellos es en favor del trabajador.

Estos principios son de orden público y de carácter irrenunciable para el trabajador; se otorgan como mínimos de garantías.

Podemos definir los principios generales como lo hace Manuel Alonso García[2]:”Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del Derecho”

O como también el profesor Américo Plá Rodríguez[3] nos dice comparando con la doctrina[4]:

“Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos.”

De tales  definiciones pueden extraerse las características que tienen dichos principios: Se podría resaltar que son:

a)Enunciados básicos; es decir, pretenden abarcar una serie indefinida de situaciones y no una particular, de forma que puedan ser utilizados en una diversidad de situaciones, lugares, tiempo, etc.

b) propios del Derecho del Trabajo y por lo tanto, diversos de los que existen en otras ramas del Derecho: sirven para justificar la autonomía del Derecho del Trabajo y su peculiaridad, son especiales.   Aunque pudiera suceder que algunos de ellos existan  en forma similar o ligeramente variables en más de una rama del Derecho.

c) Los principios tienen un sentido lógico, conexo, poseen una armonía entre sí.

 

Entre las funciones de dichos Principios podemos señalar que cumplen con las siguientes tareas:

a)Informadora: inspiran al legislador sirviendo como fundamento del ordenamiento jurídico.

b)normativa: actúan como fuentes supletorias en caso de ausencia de ley.  Integran el Derecho.

c)interpretadora: operan como criterios orientadores del juez.

 

2.2.        DE LA IMPORTANCIA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO

PROCESAL LABORAL

El Derecho Laboral tiene por objeto lograr la solución de problemas de contenido social, pues en las relaciones laborales entre empleador y trabajador se producen una serie de circunstancias y eventualidades que desestabilizan la relación y que, en no pocas ocasiones, es difícil solucionar entre las partes, ni aún con la intervención de la autoridad administrativa de trabajo, por lo que es necesario acudir ante el Poder Judicial para encontrar una solución o el reconocimiento de derechos que el empleador se niega a cumplir. El Derecho Procesal Laboral señala el procedimiento y formalidades que deben seguirse para alcanzar una decisión jurisdiccional, por lo que entre ambos existe una relación indisoluble.

Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional Español en la sentencia de fecha 25 de enero de 1983, cuando indica:

“… el específico carácter del Derecho Laboral…, a diferencia del derecho de contratos, basado en los principios de libertad e igualdad de las partes, se constituye como ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección, al menos parcialmente, de las desigualdades fundamentales, debiendo destacarse a esta finalidad no sólo las normas sustantivas, sino también las procesales, pues resulta patente que el Derecho Procesal y Derecho Sustantivo son ambos realidades inescindibles, actuando el primero como un instrumento de singular importancia para el cumplimiento de los fines pretendidos por el segundo…”[5].

La Nueva Ley Procesal de Trabajo pretende introducir un procedimiento que garantice un proceso más eficiente, rápido y eficaz que decida la controversia con la garantía del respeto del debido proceso, por lo que ha reconocido en su Título Preliminar principios en los que se inspira el proceso, a efecto de garantizar el cumplimiento de estas características; justamente, a un año de la aplicación de este nuevo proceso, se puede concluir que un juicio laboral que con la aplicación de la anterior Ley N° 26636 duraba entre dos y tres años en su trámite hasta conseguir un fallo definitorio; hoy, con la nueva Ley Procesal de Trabajo se ha reducido a cinco meses aproximadamente, lo que ya constituye un avance positivo en la administración de justicia. Hoy las exigencias sociales en materia de derechos laborales han determinado la introducción de procedimientos más eficientes y ágiles, tanto para el campo público como privado a través de los procesos contencioso administrativos, y el proceso laboral con nuevas reglas procesales, que ha hecho de la oralidad el camino para lograr decisiones más rápidas y sobre todo más cercanas a los hechos que son conocidos directamente por el juzgador durante el trámite del proceso, esencialmente en la audiencia de juzgamiento.

 

  1. 3.    NOCION DEL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL

El principio de celeridad procesal se expresa a través de diversas instituciones del proceso[6], porejemplo, la perentoriedad e improrrogabilidad de los plazos. Está manifestado a través de todoel proceso por medio de normas impeditivas y sancionadoras de la dilación innecesaria, asícomo por mecanismos que permiten el avance del proceso.

La celeridad procesal no es un principio abstracto[7]: muy por el contrario, es el alma delservicio de justicia. Está claro que la existencia del debido proceso se debe necesariamente a la existencia de una justicia que no puede y no debe prolongar innecesariamente el litigio; ya que la sociedad debe recomponer su paz a través delproceso en el más breve plazo; y es de su interés que el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica se dilucide prontamente. Esta situación De hecho, esta situación ya se encuentra reconocida constitucionalmente en el derecho comparado y en nuestroproyecto constitucional[8]y resulta también una garantía protegida a nivel supranacional[9].

En el terreno del derecho  laboral reseñaríamos que dada la especial naturaleza que revisten los derechos sociales, y que en la mayoría de casos tienen carácter alimentario, impone que el proceso laboral cuente con plazos cortos y perentorios a fin de que el proceso sea resuelto a la mayor brevedad posible, sin que eso implique limitar o desconocer el derecho de defensa y debido proceso que corresponde a la parte demandada.

La legislación actual, a diferencia de la Ley N° 26636, contempla plazos más cortos para la realización de los actos procesales entre uno y otro, lo que va de la mano con el principio de concentración de los actos procesales desarrollado precedentemente que asegura una mayor celeridad de los procesos. La celeridad también se consigue haciendo del proceso uno esencialmente oral y menos formalista, que evite dar trámite a recursos y maniobras dilatorias sobre incidentes intrascendentes que entorpezcan el proceso.

A ello debe agregarse que la nueva ley procesal laboral busca promover mecanismos alternativos para la conclusión del proceso, distintos a la emisión de la sentencia, como la transacción y la conciliación, que contienen una regulación especial en la legislación novísima incorporándose el denominado test de disponibilidad de derecho con el cual se busca propiciar que trabajadores y empleadores puedan arribar a acuerdos fuera o dentro del proceso judicial, con los límites que la propia norma impone, lo que permitirá acuerdo prontos y oportunos, coadyuvando con ello a la tan deseada celeridad procesal.  

 

  1. 4.    NOCION DE VERACIDAD INTRODUCIDA EN EL DERECHO PROCESAL LABORAL

Por el principio de veracidad, también denominado de primacía de la realidad, se persigue que el Juez resuelva en base a la realidad de los hechos, privilegiando la verdad de los hechos por encima de la apariencia formal, lo que se encuentra íntimamente vinculado con el principio de irrenunciabilidad de derechos[10]. Ello porque los documentos que pretendan eliminar o disminuir beneficios laborales, aún si estuvieran suscritos por el trabajador, no tendrían validez, ante la evidencia de los hechos; en razón además que la calificación del contrato de trabajo y la relación laboral no es una facultad de las partes sujeta a la autonomía de la voluntad sino que corresponde efectuarla al Juez en cumplimiento de preceptos constitucionales y leyes que son normas de orden público, de ineludible cumplimiento. Por ello, éste principio tiene como correlato la facultad inquisitiva del Juez laboral, que dirige el proceso en busca de la verdad real.

Para tal fin, la Nueva Legislación Procesal del Trabajo en el artículo III de su Título Preliminar señala expresamente que los jueces laborales deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegiando el fondo sobre la forma. Asimismo, para cumplir con tal cometido, se le reconoce al Juez Laboral una serie de facultades que le permitirán recabar la mayor cantidad de información necesaria para alcanzar la verdad real, de la mano de reglas en materia probatoria que coadyuvan a esta finalidad del proceso laboral, a lo que debe agregarse el deber del Juez de sancionar la conducta de las partes que resulte contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus abogados e incluso terceros, según el penúltimo párrafo del precitado artículo III de la Nueva Ley Procesal Laboral, sin perjuicio de la apreciación negativa por parte del Juez de dicha conducta.

 

  1. 5.    VINCULACION DE LA CELERIDAD PROCESAL Y LA VERACIDAD EN EL DERECHO PROCESAL LABORAL

La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Nº 29497 contempla como principios del proceso laboral los siguientes: inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.

La principal novedad que introduce la nueva legislación es el carácter oral que se pretende imprimir al nuevo procesal laboral, por lo que la regulación de los demás principios procesales en este contexto adquieren una nueva significación diferente a la que se configuró en la anterior Ley Nº 26636, que consagró en la práctica lo que algunos han denominado una “falsa oralidad”.

Así, Pasco Cosmópolis[11], considera que si bien teóricamente se puede afirmar que la anterior Ley Nº 26636 consagró un sistema mixto, en la práctica se desarrolló un “proceso escriturario”, en virtud del cual la mayoría de las actuaciones se seguían haciendo de manera escrita e incluso, aquellas que se realizaban de manera verbal terminaban reducidas a actas y a escritos, donde además no se respetaba la unidad de la audiencia y el juez no asumía un papel protagónico en la dirección de la audiencia, que un proceso de carácter oral le impone.

El nuevo proceso laboral oral o proceso por audiencias, como también se le ha denominado, “exige y al mismo tiempo posibilita, es decir, condensa y es, a su vez, requisito para la consecución y la propia eficacia de otras características de gran importancia, pacíficamente atribuidas al proceso laboral: inmediación, concentración, sencillez e incluso celeridad.”

De esta manera, la preponderancia de la oralidad se constituye como el “principio esencial del nuevo proceso laboral”, sobre el cual se asientan y se fundamentan los demás principios. Así, la inmediación del juez requiere la oralidad del proceso laboral, a través del cual se posibilita el mayor contacto del juez con las partes y el material probatorio. La oralidad también permite que el proceso se desarrolle de manera más expeditiva, logrando con ello hacer efectivo el principio de economía procesal. El principio de veracidad también se ve beneficiado por la oralidad al poder apreciar de manera más certera y evidente, a partir de la actuación de las partes, la autenticidad de sus posiciones. Finalmente, los actos procesales son menores en un proceso oral que en uno esencialmente escriturario, con lo cual se hace efectivo el principio de concentración.

De ahí que se concluya en señalar que los efectos de un proceso eminentemente oral, como el que se pretende consagrar con la novísima legislación, son los siguientes: “a) mayor celeridad; b) brinda real eficacia al principio de inmediación; c) mayor publicidad del proceso; d) favorece el poder de dirección del proceso del juez; e) evita, en mayor medida que el proceso escrito, la inconducta procesal; y, f) favorece el principio de concentración.”[12]

 

  1. 6.    VULNERACIONES AL PRINCIPIO DE LA CELERIDAD PROCESAL

De otra parte los efectos que se prescriben al vulnerar este axioma jurídico son dos, a saberse:

  • Al haberse desarrollado un proceso judicial en un período superior al tiempo determinado por la ley procesal penal, se están omitiendo las garantías del debido proceso, acto contrario al deber del magistrado, previsto en el artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prescribe que los procesos deben ser resueltos con celeridad y con sujeción a las garantías jurisdiccionales del debido proceso, así lo estipula la RES. Nº 019-2002-P-CNM del 28FEB2002
  • Mientras que el Exp N° 331-97 que data del 09JUL1997 señala que debe imponerse al Juez la medida disciplinaria cuando incurre en negligencia inexcusable, esto es cuando dilata el proceso innecesariamente, atentando contra el principio de celeridad procesal en detrimento de los justiciables y de la administración de justicia.

También encontramos que la exigencia de una motivación detallada afecta el principio de celeridad procesal, así lo expresa la jurisprudencia civil en el expediente N°177-2006:

“Exigir el detalle que pretende la quejosa, en un medio como el nuestro en el cual la defensa escautiva, implicaría una carga adicional al trabajo jurisdiccional que demoraría el trámite de losprocesos lesionando valores constitucionales relevantes como la celeridad procesal; máximesi, como hemos señalado, ese detalle no aparece exigido por la ley. De alguna manera aceptarcomo válidas las razones de la quejosa significaría buscar reemplazar con la actividad del Juezel trabajo diligente que debe corresponder a todo profesional del derecho.”[13]

  1. 7.    CONCLUSIONES

1. La Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29497, reconoce una variedad de principios que inspiran el proceso laboral, garantizando que éste se desarrolle de forma más rápida y eficaz, respetando el debido proceso.

2. La oralidad es el principio que caracteriza el nuevo proceso laboral, pues sus actuaciones son necesariamente orales, con excepción de la demanda y la contestación, permitiéndole al juez entrar en contacto con las partes y comparecientes, y conocer debidamente el conflicto suscitado entre ellas.

3. El nuevo proceso laboral permite al juez tener un rol más activo y cumplir eficazmente su función como director del proceso posibilitando, además, una mejor preparación de los participantes en el proceso, en especial de los abogados quienes deben expresar sus posiciones y formular sus alegaciones en forma oral.

4. La inmediación y concentración permiten la directa intervención del juzgador en las audiencias y en la actuación de los medios de prueba, quien debe velar por el cumplimiento del principio de igualdad real de las partes, fortaleciendo a la parte más débil, sancionando las conductas maliciosas y contrarias al deber de veracidad, evitando así el desequilibrio entre demandante y demandado.

5. Al momento de resolver y emitir su falllo, el juez debe motivar sus decisiones sustentadas en los principios y derechos laborales reconocidos por la Constitución, los tratos internacionales de los que es parte el Perú y la ley, acudiendo además a criterios de razonabilidad a efecto de valorar los hechos probados por las partes.

 


[1]VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Lima, Gaceta Jurídica, 2010, p. 28.  

[2]Derecho del Trabajo, Barcelona, 1960, T.I., Pág. 247.

[3]PLA RODRIGUEZ, Américo. Los Principios de Derecho del Trabajo. 2da. Edición Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 9.

[4]Los Principios del Derecho del Trabajo, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1978, Pág. 9

[5]ARÉVALO VELA, Javier. (2010). “El derecho procesal de trabajo “. Separatas enDiplomado de Especialización y Actualización en Derecho ProcesalLaboral. Organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa, 2010.

[6]MONROY GALVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. Lima, Communitas, 2009, p. 197.

[7]ACEVEDO MENA, Roberto Luis. La administración de justicia laboral en el Perú. Lima, Editorial Ital Perú, 1989, p. 42.

[8]Al respecto debe mencionarse que el Anteproyecto de Constitución (2002) contemplaba lo siguiente:

Artículo 1°.- Toda persona tiene derecho: (…)

26. Al debido proceso. En consecuencia::

a. Al libre acceso a la justicia en un proceso que se desarrolla dentro de un plazo razonable que le permita

ejercer su defensa y acceder a los medios probatorios e impugnatorios regulados por la ley.

(…)

Sin embargo, el Proyecto de Constitución (2003) sintetizó este postulado:

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: (…)

25. Al debido proceso. En consecuencia se garantizan enunciativamente: El libre acceso a la justicia y los

derechos a la jurisdicción predeterminada, a no ser condenado en ausencia, a la defensa, a no ser

incomunicado sino en los casos y en las formas previstas por la ley, a no autoinculparse, a la publicidad

del proceso, a la motivación de resoluciones judiciales, a la instancia plural, a la cosa juzgada; a la

prohibición de interrumpir los procesos, afectar el contenido de una sentencia o retrasar su cumplimiento,

así como la ejecución de las decisiones judiciales.

Estas disposiciones se extienden al procedimiento administrativo, en cuanto le sean aplicables.

[9]Artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos de Hombre (Derecho de justicia),

inciso 1 del artículo 8 (Garantías Judiciales) y el inciso 1 del artículo 25 de la Convención Americana de

de los Derechos Humanos (Protección Judicial), y el parágrafo c del inciso 3 del artículo 14° del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Inclusive, debe consultarse la Carta de los Derechos de las personas ante la Justicia en el espacio Judicial

Iberoamericano, aprobado en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y

tribunales Supremos de Justicia, entre el 27 y 29 de Septiembre de 2002, en la cual se amparaban los

postulados de Una Justicia atenta con todas las personas (principios 10 al 17) y Una justicia ágil y

tecnológicamente avanzada (principios 20 al 22)

[10]PAREDES PALACIOS, Paul. Prueba y presunciones en el proceso laboral. Lima, Ara Editores, 1997, p. 443.

[11]PASCO COMÓPOLIS, Mario. Oralidad. El Nuevo Paradigma. En: Soluciones Laborales. Gaceta Jurídica, Nº 25, enero 2010, p. 55.

[12]ACEVEDO MENA, Roberto Luis. op. cit, p. 40. Se destaca como antecedentes de la oralidad la diligencia de comparendo y la inspección ocular e investigatorias que el Juez promovía en base a su atribución inquisitiva prevista en el artículo 48 inciso a) del Decreto Supremo N° 03-80-TR.

[13]CIUDAD REYNAUD, Adolfo. “Necesidad de una profunda reforma procesal laboral en América Latina”. En: Trabajo y Seguridad Social. Estudios jurídicos en homenaje a Luis Aparicio Valdez. Lima, Grijley, 2008, p. 568. 

2 comentarios en “PRINCIPIOS DEL DERECHO PROCESAL LABORAL

  1. Disculpen ,porque en Colombia la justicia es injusta cuando de personas humildes se trata,desconociendo los principios de celeridad,

    • Hola Rosebel un placer que me escriban de Colombia, te dire que como en la mayoría de paises las leyes y la justicia o al menos nuestras apreciaciones como ciudadanos de lo que es justicia no van de la mano, tienes mucha razón con el tema de la celeridad, lamentablemente la burocracia, el tramite o papeleo como le decimos en Lima, y las muchas fallas y falta de profesionalismo del servidor publico hacen que esta celeridad de la cual se habla sea tan solo letra muerta en muchos casos, existen entiendo plazos como en todo el derecho que deben de ser observados, aqui existe lo que se denomina silencio administrativo que es una herramientaque la ley faculta a que si en un plazo de 60 días no encontramos respuesta a pedidos de tramite en entidades publicas la autoridad esta obligada a darnos la información sin excusa y con posible sancion pecuniaria. Espero esto halla respondido tu pregunta. Saludos y exitos.

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